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Consulta Popular 2024: tres preguntas abordan un cambio del rol de las Fuerzas Armadas contra organizaciones criminales
Las tres primeras preguntas, de las 11 remitidas a la Corte Constitucional, están relacionadas con estas nuevas funciones y garantías.
El presidente Daniel Noboa propone cambios para que las Fuerzas Armadas eviten las actividades del crimen organizado en Ecuador; tengan un blindaje legal por sus actuaciones y realicen control de armas, municiones y explosivos en las cárceles.
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Las tres primeras preguntas, de las 11 remitidas a la Corte Constitucional, están relacionadas con estas nuevas funciones y garantías.
¿Cuáles son los cambios propuestas para las Fuerzas Armadas?
En la primera pregunta, Noboa consulta sobre una nueva misión para las Fuerzas Armadas: realizar acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales que operan dentro y fueran del país.
No es una actividad ajena. Desde abril del 2023, cuando el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, declaró como terroristas a las bandas de delincuencia organizada, los militares planificaron operaciones de inteligencia para detectar y neutralizar a sus cabecillas.
Sin embargo, para este trabajo se requiere la declaratoria de estado de excepción. La propuesta del gobierno consiste en eliminar este limitante y darle amparo constitucional a los militares para que la prevención; es decir, actividades de inteligencia y contrainteligencia se realicen de forma permanente.
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En la pregunta dos propone ampliar el control de armas, municiones y explosivos, actividad exclusiva de las Fuerzas Armadas en vías, carreteras, que también lo hagan en los corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social.
El gobierno anterior firmó más de 10 estados de excepción para que las Fuerzas Armadas ingresen a las cárceles a confiscar armas y explosivos. Con la propuesta del Ejecutivo, esta actividad se realizaría sin limitaciones, ni autorizaciones judiciales o del ente rector que es el SNAI.
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La tercera pregunta se relaciona a la garantía legal que se les daría a militares, policías, guías penitenciarios, para que no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure una investigación o proceso penal por el uso de la fuerza.
Hoy, los integrantes de la fuerza pública son investigados y juzgados sin ninguna diferencia por el uso de sus armas de dotación en casos de ataques criminales.
En la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, aprobada por la Asamblea anterior, en junio de 2022, no se contempló este beneficio para los uniformados.
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