Una comisión ecuatoriana expuso ante la CIDH las amenazas al periodismo en el país

Una delegación de periodistas ecuatorianos compareció este 6 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo fue exponer la grave situación de violencia contra el periodismo en Ecuador, la crítica situación de los medios y su impacto en la crisis institucional que afronta la democracia.

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La delegación estuvo conformada por los periodistas Christian Zurita, Karol Noroña y María Sol Borja. También por Ricardo Rivas, cofundador de Nos Faltan Tres; César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios y Maria Amelia Espinosa, coordinadora del Área de Protección para Periodistas de la organización.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, aseveró que entre 2007 y 2017, la prensa ecuatoriana ha sufrido embates del poder político y ha sido perseguida bajo un modelo autoritario. Esto debilitó a los medios y los dejó en una situación de precariedad.

También recordó episodios violentos, como en el 2018, cuando el equipo de El Comercio fue asesinado. Y hoy, nueve periodistas han salido del país.

En 2022, el año se cerró con 356 agresiones, incluyendo el asesinato de tres, la desaparición de otro y un feminicidio. En 2023, mientras tanto, se han contabilizado 219 agresiones contra periodistas, que incluyen los exilios, atentados explosivos, amenazas del crimen organizado, censura, intimidación y ataques en el espacio digital.

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A ello se suma el asesinato del candidato presidencial y periodista, Fernando Villavicencio, a 11 días de los comicios del 20 de agosto de 2023. Esta situación ubicó a Ecuador en el mapa trágico de países de la Región más violentos contra el periodismo.

Karol Noroña, periodista que salió del país el 23 de marzo del año en curso ante amenazas, aseguró que la mayoría de los nueve exiliados de este año han decidido no denunciar sus casos. Esto debido a que no confían en la Fiscalía General, el sistema de justicia, ni en el Consejo de Comunicación.

Henry Cucalón, ministro de Gobierno, y Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado, acudieron en representación del Gobierno.

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Cucalón argumentó que los gobiernos anteriores vulneraron gravemente el derecho de libertad de expresión, generando un sentimiento de desconfianza pública hacia los periodistas. Esto puso en duda a una "prensa libre e independiente".