Caso Las Malvinas: 48 colectivos responsabilizaron al ministro de Defensa por el hostigamiento a las familias de los menores

48 colectivos sociales firmaron un pronunciamiento donde responsabilizaron al ministro Gian Carlo Loffredo por los ataques que reciben las familias de los menores desaparecidos en Guayaquil, por promover discursos de estigmatización y hostigamiento contra ellos.

Entre las organizaciones firmantes está la Alianza por los Derechos Humanos, el Pacto por la Niñez y Adolescencia, el Centro Ecuatoriano Para la Promoción y Acción de las Mujeres (CEPAM), la Asociación de Familiares de los Desaparecidos (Asfadec) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu).

Los colectivos expresaron que el primer pronunciamiento oficial del Bloque de Seguridad se produjo el 21 de diciembre de 2024 y allí Loffredo aseguró que no hubo participación de las Fuerzas Armadas y expresó que hablar de desapariciones forzadas era "hacerle juego al crimen organizado".

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Apuntaron que su discurso cambió cuando fue público el video de la detención militar, afirmando que la aprehensión se produjo porque los menores estaban cometiendo un robo, cuestión que fue desmentida por la Fiscalía General del Estado en la audiencia de habeas corpus donde el caso fue declarado como desaparición forzada.

Tras esa declaración de Loffredo, señalan las organizaciones, se inició una campaña de estigmatización y desinformación en redes sociales, impulsada por cuentas trolls y difundida en chats de WhatsApp vinculados a funcionarios públicos.

"Estas acciones promovieron discursos violentos y criminalización contra los niños desaparecidos y manifestaban apoyo al gobierno, buscando deslegitimar las denuncias y desviar la atención pública", indicaron.

En el comunicado, de ocho páginas, los colectivos también manifestaron que los niños, niñas y adolescentes negros son criminalizados por su color de piel.

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"El ejercicio del poder coercitivo del Estado se ve reflejado en el perfilamiento racial, marcando diferencias de cómo los agentes de control tratan a grupos étnicos. El acercamiento que realizan losmilitares y policías a cuerpos racializados (afroecuatorianos, montubios e indígenas) es producto del racismo estructural", indicaron.

En el documento describieron que han registrado al menos 15 casos de desaparición forzada, sin embargo, expusieron que existe un agravante porque La Pastoral Social Cáritas Esmeraldas conoce de otros casos que, debido al temor de las familias a ser violentadas, no han podido ser denunciados en el sistema de justicia.

Además, los colectivos exigieron a la Asamblea Nacional que se enjuicie políticamente al funcionario.