El trámite judicial en Ecuador se encarece por el cobro de tarifas de los abogados que los usuarios califican de excesivos

En Ecuador no existe un tarifario en el que los abogados se basen para cobrar sus honorarios. Los pagos que reciben dependen de cada caso y la materia (civil, penal, laboral, constitucional, administrativo) en la que proporcionan asistencia legal. De ahí los precios varían de acuerdo al prestigio de los juristas o sus estudios jurídicos.

Entre quienes buscan los servicios de los profesionales del derecho, siempre salta la duda de cuánto deben pagar y temen ser estafados. Por eso, visitan varias oficinas para encontrar lo más económico. En un recorrido realizado por Ecuavisa.com en consultorios jurídicos, se levantó información de cuáles son los precios que, en promedio, se cobra por los trámites legales o juicios. También se indagó entre personas que han contratado abogados y lo que han pagado.

Si bien hay juristas que cobran lo justo, otros piden excesivas cantidades de dinero. No les importa el dolor de sus clientes y solicitan altísimas sumas.

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Los datos levantados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) refieren que, hasta el 2022, hubo 4 103 empresas (consultorios o estudios) dedicadas a ejercer representación o asesoría jurídica, a escala nacional, en procedimientos civiles, penales y laborales. Estas generaron 5 910 plazas de empleo y registraron ingresos por USD 204,1 millones.

También se reportaron 546 firmas enfocadas en la preparación de documentos como escrituras, contratos de sociedad y tramitación similar para la formación de sociedades, patentes, derechos de autor, testamentos y fideicomisos, que reportaron ventas de USD 104 millones.

Son altísimas las sumas de dinero que se generan anualmente por los servicios jurídicos privados en el país, lo cual también implica que, en un gran número de casos (no en todos), los clientes deban cancelar cobros exagerados a quienes los patrocinan legalmente.

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Para Manuel Guartán, expresidente de la Federación de Abogados del Ecuador (Fenade), en el país sí hay ciertos abogados (no todos) que cobran de forma excesiva a sus clientes, por lo que recomienda a la ciudadanía que tome precauciones. A su juicio, las autoridades deberían reforzar los mecanismos de control a ese tipo de prácticas.

Los artículos 336 y 337 del Código Orgánico de la Función Judicial detallan las sanciones que consisten en multas de hasta tres remuneraciones básicas unificadas que equivalen a USD 1 380 o suspensión. "Nos hace falta un marco legal para el ejercicio profesional y que se pueda determinar las cuantías como precios referenciales de cada proceso e instancia".

Afirma que los divorcios en una sola instancia cuestan USD 500, en promedio, cuando hay hijos y se debe tratar tenencia, alimentos y régimen de visitas. En lo que respecta solo al tema de alimentos, el gasto es de 300 dólares por la presentación de la demanda y la audiencia. Los casos exclusivamente de tenencia o regulación de visitas son un poco más complejos porque, a veces, se requiere del apoyo de entidades o expertos como psicólogos, trabajadores sociales o médicos. Lo que se debe dar al abogado varía entre USD 500 o 600, aproximadamente.

En herencias o escrituras es un poco más complejo y depende si los involucrados llegan a acuerdos. Si no es así, se debe hacer peritajes, inspecciones y avalúos. "Un juicio de carácter ordinario, hablamos de inventario, partición u otros, cuesta unos USD 2 000 de honorarios. A eso se suma lo que se debe gastar en los peritos, movilización, etc.".

Lo mismo en los contenciosos de divorcios cuando se avanza a otras instancias. Existen colegas que cobran menos como un servicio social, pero otros piden más de 1 000 dólares. Aquí, el problema es que hay personas que ganan menos del básico y no pueden cancelar.

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Por eso, acuden a instancias como la Defensoría Pública para que las ayuden. Datos de esa entidad refieren que, de enero a julio de 2024, se registraron 237 756 atenciones, a escala nacional. De ese número, 151 426 fueron patrocinios y 86 330 asesorías. También recurren a los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades.

Así lo vivió Martha Briones (nombre cambiado por confidencialidad), de 46 años, quien se divorció hace dos años. Trabaja cuidando pacientes adultos mayores y su salario básico no le alcanzaba para un abogado particular. Recurrió a los servicios gratuitos de una universidad y logró separarse de su esposo. "Para mí es muy difícil pagar los USD 700 que me pidieron en una oficina".

Los juristas consultados por Ecuavisa.com señalan que, en el ámbito penal, las cantidades que se manejan son más altas que en otras ramas del derecho y los familiares de las víctimas recurren a fundaciones para recibir asesoría gratuita. La hermana de Isis Subía, Natalia, desapareció el 15 de septiembre de 2018, en Quito. Al principio, pagó USD 2 000 a un abogado que trabajaba con un investigador privado en la primera línea de indagaciones, pero no hubo resultados.

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Acudió al Comité de Lucha Contra la Violencia Desapariciones y Feminicidios (Covidefem) y desde ahí continuó en la lucha. Las osamentas de su familiar fueron encontradas en la quebrada del barrio Armero, en el centro occidente de la capital. En la organización, la mujer escuchó el caso de otra chica desaparecida, hace 12 años, cuya mamá le pagó USD 12 mil al abogado y hasta ahora no la localizan.

María de Lourdes Mejía es presidenta de la ONG Desaparecidos en Ecuador (Desendor). La fundó tras la desaparición de su hija, María Fernanda Guerrero, en 2010. Afirma que a un abogado le entregó USD 10 mil por su caso y nunca obtuvo resultados. De hecho, el paradero de María Fernanda todavía es desconocido. Por eso, ella creo la organización para ayudar a las familias pobres que atraviesan por situaciones similares ya que Mejía lo perdió todo, incluso su negocio que era una oficina agencia de viajes en Otavalo (Imbabura). "Les guiamos para que vayan a la Defensoría Pública".

Renato Molina es abogado de Covidefem y experto en temas penales y constitucionales. Con base en los testimonios de los usuarios que han llegado a su organización, cuenta que los montos que piden ciertos abogados particulares van en contra de la realidad de las personas de escasos recursos. Cobran por cada fase de los juicios. Por ejemplo, en una etapa preprocesal de investigación, los cobros varían entre cuatro mil a siete mil dólares como promedio.

De ahí, conforme avanza el proceso, aparecen más gastos cuyo valor sube. Se puede pagar entre USD 4 mil y 8 mil adicionales cuando ya se abre una instrucción fiscal. Si se llega a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio viene otra tarifa que puede superar los USD 6 mil y así va incrementándose.

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Otros profesionales piden el 50% al inicio de un juicio y la otra mitad cuando este termina. Todo ya depende del tipo penal y su gravedad. Otros profesionales del derecho incluso pueden cobrar más de 20 o 30 mil dólares cuando se trata de casos mediáticos o relacionados al narcotráfico. Igual pasa en los de corrupción de altas autoridades y que causan conmoción en la opinión pública.

A esto se suma otro factor -indica Molina- que es la mal llamada "tarifa de las copias" por la que algunos colegas solicitan entre USD 200 y 300 a sus clientes. Como máximo, los ciudadanos deben dar USD 15 o 20 por 600 fojas. Asimismo, en un documento de seis cuerpos se puede cancelar cerca de USD 60. Si se trata de copias solo para citaciones, se entrega siete dólares.

¿Qué pasa en los delitos de tránsito? María del Carmen De la Torre es presidenta de Corazones en el Cielo, una fundación que brinda asistencia a los familiares de víctimas de siniestros viales. Asegura que sí hay abogados que se abusan. Recuerda lo que una chica murió atropellada al interior de un establecimiento comercial y a sus familiares les tocó pagar USD 6 mil. Pero, ese es un solo un hecho en particular, porque hay otros en los que las cifras a cancelar son mucho más altas y pueden superar los USD 20 mil.

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Ante eso, ella recomienda a la gente que acuda a organizaciones que brindan asistencia legal gratuita o busque mediación para solucionar los conflictos y a costos muy bajos. Con ello, se evitará ir a juzgados y los trámites que son largos. "Si hay muertes, así como lesiones que sobrepasan los 30 días o cuadriplejías, se requiere un abogado. De ahí todo se puede arreglar con mediación".

La gente también tiene la opción de acudir a lugares que cobran precios módicos por juicios y trámites. En la fundación Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas Ecuador (Funviecu) se apoya a la gente que no tiene cómo cubrir un patrocinio legal y trabaja con femicidios, muertes violentas y personas que no regresan a sus hogares. Su presidenta, Johana Velastegui, afirma que en muchos consultorios jurídicos se cobra USD 5 000 por un femicidio. En su organización se pide una cantidad simbólica acorde a la realidad económica de los parientes de las víctimas.

En las desapariciones colaboran proporcionando el casillero judicial, por lo que se cobra entre USD 10 o 20. Además, se hace seguimiento permanente de las investigaciones. Cuando los familiares de la fallecida son de escasos recursos, no se les cobra por ese servicio. Igualmente, les apoyan con los escritos porque en algunas oficinas se solicita USD 40 o 50 por hacer uno.

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Los pagos son altos en temas constitucionales. Ecuavisa.com dialogó con un grupo de vecinos que presentó medidas cautelares contra entidad privada y que fue un caso polémico en la capital. Al equipo de abogados se les pagó USD 1 500 de forma simbólica. Asimismo, en otro hecho, los moradores de un barrio residencial de Quito pagaron 8 000 dólares por un trámite similar.

Ahora, los mismos vecinos del primer caso iniciarán una acción de protección y medidas cautelares por un tema patrimonial y su mismo equipo jurídico les cobrará USD 4 000. Uno de ellos afirma que hay tarifas de abogados en la rama constitucional que son impensables y de acceso imposible a la ciudadanía.

Molina coincide en que una acción de protección se puede pagar desde USD 5 000 en adelante. "Al hablar de acción de protección se trata de violaciones de derechos por parte de cualquier ente del Estado ante un particular por acción u omisión como dice la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Se hace una sola audiencia en donde se anuncia y reproduce la prueba y se hace todo".

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Por esa audiencia, los constitucionalistas cobran sumas elevadas que pueden llegar a USD 20 mil, dependiendo del caso. Los funcionarios públicos también deben cubrir altos honorarios de sus abogados cuando hay glosas de por medio. "Había un proyecto ambiental y me glosaron de forma injusta. "Por cada consulta me cobraba entre USD 40 y 50. Le daba 60 dólares por cada escrito, pero fue un súper buen abogado que valió cada centavo", dijo Eustaquio Cushicóndor (nombre cambiado por confidencialidad).

Todo el proceso le costó cerca de USD 600, pero conoce que hay otros juristas que tienen tarifas muchísimo más altas en este ámbito.

La funcionaria pública Anastasia Anchundia (nombre cambiado por confidencialidad) cancelaba entre USD 300 y 400 por cada contestación a Contraloría. Tras hacerle varios trámites, su abogado le dijo luego que debe pagarle de acuerdo a un tarifario que tenía como base 800 dólares. Ella no lo aceptó y finalmente "ya me pusieron la glosa por la falta de firma en una hoja del acta parcial q firmé. Tengo que pagar USD 1 900".

En el ámbito laboral, los precios varían de acuerdo a la cuantía. Si se hace una liquidación por despido intempestivo, el cliente y abogado se dividen porcentajes, señala Patricio Guayaquil, asesor jurídico de Funviecu. Anchundia buscaba reingresar a una empresa pública de la que había salido y le pidieron USD 20 mil por los servicios legales. Tras conversar con su abogado, quedó en darle 4 000 dólares inicialmente y si gana serán 10 mil dólares en total.

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