Caso Purga | El juez suspende la audiencia de formulación de cargos y a las 16:00 de este martes se conocerá una resolución

El Caso Purga es un nuevo golpe de la Fiscalía General del Estado (FGE) por un presunto caso de delincuencia organizada. Siete jueces, entre ellos la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes, y cuatro personas más fueron detenidas la madrugada del lunes 4 de marzo, en una serie de allanamientos ejecutados en Guayas.

En un video, la titular de la FGE, Diana Salazar, señaló que contaban "con elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial".

"Han permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano", añadió Salazar.

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La audiencia de formulación de cargos se instaló este mismo lunes en el edificio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito. Los 12 procesados fueron llevados en una aeronave desde Guayaquil. La diligencia inició alrededor de las 21:00 y se extendió hasta la mañana de este martes 5 de febrero.

Salazar lidera la parte acusadora en este caso. Ella pidió prisión preventiva para 11 procesados. Además, solicitó arresto domiciliario para el juez Reinaldo Cevallos, el doceavo procesado en esta investigación, pues es una persona de la tercera edad.

Por otra parte, destacó la participación de Gallardo, Muentes y el juez Johan Marfetán en esta presunta red de delincuencia organizada. Señaló que fueron autores del delito. La participación del resto fue en calidad de colaboradores.

Se suspende la sesión. El magistrado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Javier de la Cadena anuncia que la diligencia se retomará a las 16:00 con una resolución.

La fiscal general del Estado reitera su petición de prisión preventiva para los 11 procesados. Teme que con argumentos y certificados de médicos privados señalando "enfermedades" o "alguna discapacidad", el juez acceda a otorgar medidas alternativas.

Sostiene que los implicados podrían obstaculizar el caso y ejercer su influencia en la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

Los abogados que defienden a los procesados solicitan al juez Javier de la Cadena que otorgue medidas alternativas a la prisión preventiva.

La audiencia de formulación de cargos continúa hasta la mañana de este martes 5 de marzo.

Tras el receso, la Fiscal defendió su pedido de prisión preventiva, argumentó que los procesados incurrieron en delitos con penas mayores a cinco años y que la corrupción es uno de los elementos a combatirlos.

Defiende que otras medidas no responden a la emergencia del caso.

La fiscal Diana Salazar pide la prisión preventiva para 11 de los procesados. Además, solicitó arresto domiciliario para el juez Reinaldo Cevallos

El juez dispone un receso de 10 minutos.

La fiscal Salazar lee los chats del caso. Aparecen conversaciones de Mayra Salazar y Daniel Salcedo, procesados por el caso Metástasis, quienes buscaban beneficiar al hermano de este último, Noé Salcedo.

Daniel Salcedo incluso habría pedido a Mayra Salazar que difunda un video en el que un grupo delincuencial, identificado como Los Lobos, descarta ser responsable del asesinato del exvicepresidente Fernando Villavicencio.

Además, se menciona a miembros de otras funciones del estado como el exvocal de la Judicatura, Xavier Muñoz; o el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Alembert Vera, a quien se referían como uno de los candidatos para dirigir la institución.

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La audiencia se retoma con la intervención de la fiscal Diana Salazar, quien recalca los nexos entre Mayra Salazar y Pablo Muentes. Lee chats de diferentes fechas durante su exposición. También reproduce audios.

Dijo que Saúl M., asesor y mano derecha de la Directora del Consejo de la Judicatura del Guayas, habría participado con la organización delictiva para archivar sumarios administrativos a favor de la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia.

Cinco minutos de receso hasta conectar los equipos en la sala.

Muentes y su esposa se habrían beneficiado de un fallo judicial para obtener una indemnización de casi USD 4 millones del Banco del Pacífico, como resultado de una acción de habeas data, utilizando documentos de pago falsos y adulterados. En ese objetivo, fue clave el juez Johann Marfetán, quien ratificó el fallo para beneficiar al político.

El primo del exasambleísta, también investigado, se habría beneficiado de un habeas data que le permitió apropiarse de un terreno en Durán, en USD 200 000, sin soporte documental que legitime la compra del mismo.

Además, Muentes habría logrado que se archiven cuatro sumarios administrativos contra Gallardo, con la colaboración de la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas y su asesor.

Según la fiscal Salazar, el vínculo con el caso Metástasis está en que Muentes habría contratado a la procesada Mayra Salazar, por pedido de Fabiola Gallardo, para que realice el rol de publicista y promocione la candidatura de Gallardo en la Corte Provincial de Guayas.

Inicialmente, Gallardo desembolsaba más de USD 2 000 mensuales, luego asumió ese pago Muentes. Finalmente, Wilman Terán le otorgó un contrato y la pretención era otorgarle un nombramiento.

En el caso de Gallardo, la Fiscalía le acusa de haberse pronunciado a favor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en una medida cautelar contra la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito, por un contrato de repavimentación.

Gallardo, como jueza provincial, falló a favor, a cambio de la remodelación del piso del Salón de la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas. Mayra Salazar se encargó de escoger los materiales.

Por otro lado, por pedido de Muentes, habría accedido a aplicar un cambio administrativo para poner al juez Ramos Lino en un caso de falsedad de recurso privado contra el exasambleísta.

La expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas se habría beneficiado del archivo de cuatro sumarios administrativos, por la intervención del exasambleísta y de dos de sus colaboradores.

Además, Gallardo habría intentado contactar a alias Fito para obtener un beneficio económico, a cambio de su fallo, ya que era parte del Tribunal asignado para conocer la apelación del SNAI a la decisión del juez de que Adolfo Macías regrese a la cárcel La Roca.

La fiscal comienza la formulación de cargos contra los detenidos, presuntamente involucrados en delincuencia organizada para "favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico". Tres son procesadas como autores y los demás como colaboradores:

En la exposición de la Fiscal, se mostró una red de corrupción y el rol de cada uno de los procesados.

La audiencia se retoma y verifica la presencia de los sujetos procesales. El juez Javier De la Cadena dijo que están dentro del plazo establecido para calificar la detención y finalmente la califica como legal. Fiscalía empieza con la formulación de cargos, con base en los elementos de convicción.

El juez De la Cadena dio un nuevo receso para analizar la documentación.

Finalizan las intervenciones de los abogados y comienza a hablar la fiscal Salazar. Argumentó que la detención se dio con una orden legalmente establecida, tal como lo señala la ley. Pidió que se declare la legalidad de la detención con fines de formulación de cargos.

Comienza la intervención de los abogados de los apresados. Hacen observaciones a la legalidad de la detención. Algunos se quejaron de que les entregaron el parte policial y la boleta de detención tardíamente, lo cual es una vulneración. Dicen que les violaron sus derechos y no les informaron que los apresaron por delincuencia organizada. Uno pidió que no se califique la detención de su defendido. Dijeron que solo fueron detenidos con fines investigativos.

La audiencia se retoma y la Policía Nacional expone cómo se desarrolló la investigación. Indica que 12 personas fueron apresadas.

El juez Javier de la Cadena da un receso de 10 minutos.

La fiscal Diana Salazar Méndez, como titular de la acción penal, hizo una introducción de lo que fue la investigación del caso. Dijo que se realizaron más de 20 allanamientos.

Se declara iniciada la audiencia, tras constatar la presencia de las partes.

Tras el ingreso del juez, la fiscal Diana Salazar y los abogados de los procesados, inició la audiencia tras constatar el cuórum.

Los protocolos de seguridad incluyen un fuerte contingente policial dentro y fuera de la sala.

Los 12 detenidos por el caso llegaron a la Corte Nacional de Justicia, trasladados en un bus. En el sitio se montó un operativo policial para evitar novedades.

Se conoce que el caso será analizado por el juez Javier de la Cadena. La fiscal Diana Salazar pedirá al juez medidas cautelares y expondrá los elementos.

Los procesados por el caso llegaron a la Unidad de Flagrancia, ubicada en el centro norte de Quito, sobre la avenida Patria. Llevaban mascarillas y otros ocultaban sus rostros con su ropa.

Los detenidos llegaron al aeropuerto de Quito, tras ser trasladados en una avioneta desde Guayaquil.

Iban a ser 13 los detenidos, pero Mercedes Villarreal Vera, quien es funcionaria del Consejo de la Judicatura, salió del país previo al operativo. La mujer funge como directora de Control Disciplinario en Guayas.