14 jun 2024 , 10:13

Caso Plaga | El abogado Hugo Lara dio detalles de las transacciones para manejar la justicia

En el caso Plaga hay 14 procesados. La Fiscalía investiga el presunto delito de delincuencia organizada

El abogado Hugo Alexander Lara Olmos rinde la mañana de este viernes 14 de junio su testimonio anticipado en el caso Plaga, en el Complejo Judicial Norte, en Quito. También se espera el mismo procedimiento de su colega, Lenin Javier Vimos a las 11:00. Los dos son señalados como los cabecillas de una presunta estructura de delincuencia organizada.

Lara Olmos fue unos de los abogados que defendió a Johanna Zambrano Tigua, familiar del narcotraficante Leandro Norero Tigua. Respecto a él, Fiscalía dice:

"Se presume dirigía la organización. Su rol habría consistido en captar personas privadas de la libertad y coordinar acciones con Lenin Vimos. Además, sería el encargado de recibir y entregar dinero a los demás miembros de la estructura. Según la teoría de Fiscalía, Hugo Lara cobraba dinero que era destinado a obtener acciones constitucionales a favor de las personas privadas de la libertad".

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En su testimonio anticipado reveló su relación con Cristian Romero, procesado en el caso Metástasis, y cómo obtenía grandes sumas de dinero defendiendo "casos emblemáticos", entre ellos a Leandro Norero y su familia. Todo ocurrió entre 2018 y 2019, cuando él estudiaba derecho en Riobamba.

Su vinculación con Cristian Romero

Lara Olmos detalló que su vinculación con Norero y su familia ocurrió entre el 2018 y 2019, mientras él trabajaba para el abogado Cristian Romero, también procesado en el caso Metástasis. "Fui quien más lo acompañó en los casos", sostuvo.

También contó que una ocasión, en las oficinas del consorcio jurídico Fander S.A., Romero recibió a dos personas, quienes de un cartón sacaron una concina con doble fondo. Allí escondieron fajos de billetes de USD 20.

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Junto con el abogado, contaron USD 200 000 que entregaron a las dos personas. Romero le dijo que "esa plata era para ponerla a trabajar". Romero empezó a adquirir bienes, pero no les hizo "parte de ese dinero".

Además, detalló los panes de la organización para separar a la fiscal Lidia Sarabia de las investigaciones de lavado de activos.

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"Lidia Sarabia (fiscal protegida) hacía un trabajo muy bueno en el tema contra el lavado (de activos) y se convirtió en una molestia para el señor Leandro(Norero)", contó Lara

Cristian Romero daba ideas para separarla legalmente del caso, como depositar USD 100 000 en la cuenta de la fiscal para tener una causa y recusarla. "Hubo ideas más peligrosas por parte de Helive Angulo, como secuestrarla".

Para comunicarse, Norero envió un iPhone 10 a cada uno, en el que debieron instalar la aplicación Threema. Confirmó que Romero se identificaba como GlobalPax en todos los grupos.

Los intentos para que Daniel Salcedo y Jorge Glas salieran de prisión

Hugo Lara también habló sobre los intentos para que Daniel Salcedo y Jorge Glas salieran de prisión. Para ello, buscaron a un "juez suicida" que resultó ser Banny Molina, actualmente sentenciado por prevaricato por dejar en Libertad a Glas, de forma irregular.

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Las solicitudes de habeas corpus de Salcedo y Glas no procedieron debido a una confusión con sus números de cédula. Según Lara, eso casi le cuesta la vida, "porque en los medios dijeron que los abogados de Norero también eran abogados del correísmo". Una situación que molestó al extremo al narcotraficante.

¿Quién es Javier Vimos?

Del abogado Javier Vimos, el Ministerio Público detalla:

"Presunto organizador de la estructura criminal y enlace con jueces, policías y personas privadas de la libertad. También tenía conexiones con un miembro de una presunta organización delictiva. Se presume que era quien coordinaba con otros abogados la presentación de acciones constitucionales y -con el objetivo de asegurarse resultados favorables y obtener la libertad de personas procesadas para las que trabajaba- habría recibido y entregado dinero a jueces y otros funcionarios".

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En el caso Plaga hay 14 procesados. La Fiscalía investiga el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos, en el otorgamiento ilegítimo de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.

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