Caso Metástasis: ¿la recusación al juez Felipe Córdova podría retrasar el proceso?

La investigación previa avanza en el Caso Metástasis. Desde el 14 de diciembre de 2023, cuando se inició el proceso con más de 70 allanamientos, la Fiscalía ha vinculado a 39 personas por presunta delincuencia organizada, en lo que denominó como el golpe más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico en el país.

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Se trata de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado, que está vinculada directamente al narcotráfico, sostiene la institución.

La noche del 15 de enero se conoció el juez Felipe Córdova, quien dictó prisión preventiva para 21 personas en el Caso Metástasis, quedó fuera del proceso momentáneamente.

El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, preso en la cárcel 4 de Quito, presentó una demanda en su contra y logró que Córdova deje la causa. Mientras se resuelve la recusación, lo reemplaza el conjuez Pablo Loayza.

Esto no significa que el proceso se retrase; no obstante, otras diligencias no se han cumplido aún. Diego Córdova, especialista en derecho pena y miembro de la defensa técnica de los procesados, señala que todavía no se ha convocado a la audiencia de apelación a la prisión preventiva, "ni siquiera para aquellos a quienes se dictó la medida el 16 de diciembre".

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En ella se discuten si los términos de la prisión preventiva fueron evaluados correctamente por el juez de instancia. Aunque el plazo varía según el caso, tarda "máximo en 20 o 25 días", dice el abogado defensor; se trataría de un escenario de riesgo por la ola de violencia que se vive en las cárceles del país.

El proceso judicial comenzó el 16 de diciembre, con la aprehensión de los primeros 31 vinculados, recuerda el abogado Diego Córdova, especialista en derecho pena y miembro de la defensa técnica de los procesados.

A partir de esa fecha corrían los 90 días de instrucción fiscal; no obstante, con la vinculación de otras 8 personas este 4 de enero, el plazo se amplió a 120 días, que culminan en abril de 2024.

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En ese lapso, la Fiscalía y las defensas aportan elementos de cargo y descargo que permitirán que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, emita un dictamen. Este puede ser abstentivo, acusatorio o mixto; es decir, unos son desvinculados del proceso, mientras otros enfrentarán una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

La Fiscalía puede vincular a más implicados hasta 30 días antes de que se culminen la instrucción fiscal. Esto no significa que el plazo se amplíe nuevamente.

El caso se desprende de una investigación iniciada tras el asesinato en prisión del narcotraficante Leandro Norero Tigua, en octubre de 2022.

La hipótesis de la Fiscalía es que las actividades ilícitas habrían comenzado antes y continuaron mientras Norero se encontraba privado de libertad, en la cárcel de Cotopaxi. Así lo sostienen los chats recuperados por la entidad entre el narcotraficante y los 39 vinculados.

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Esta prueba, sin embargo, es cuestionada por los abogados defensores. Diego Córdova explica que no se trata de chats como tal, sino que "son una especie de capturas de pantalla".

Al momento, el proceso tiene 162 cuerpos, de 100 hojas cada uno. Córdova señala que 151 de ellos corresponden a los supuestos chats.