La compra de escáneres para las cárceles fracasó, no hubo empresas interesadas en el proceso

El Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) tenía previsto invertir cuatro millones de dólares en la compra de escáneres para las cárceles, sin embargo, el proceso de adquisición culminó en agosto sin concretarse contrato alguno, pues ninguna empresa nacional mostró interés en el proyecto.

El SNAI emitió un informe de necesidad donde advierte la urgencia de adquirir 37 escáneres para la revisión de maletas, ocho escáneres corporales, 96 detectores de metal manuales y 64 arcos de detección de metales. La intención era dotar a 12 de las 36 prisiones que hay en el país y que han sido clasificadas con un nivel de peligro alto. En esa docena de reclusorios ha ingresado la mayor cantidad de objetos prohibidos.

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Ahora se espera una respuesta del SNAI para conocer si existirá un nuevo proceso y cuándo se prevé instalar los equipos.

Los controles para evitar el ingreso artículos prohibidos a las cárceles se hace de manera elemental en la mayoría de los 36 centros de rehabilitación. Se usan perros para la detección de droga y cacheos para decomisar armas o dinero. Asimismo, es común la revisión manual de cavidades en el cuerpo.

Solo en las cárceles regionales de Latacunga, Guayaquil, Turi (Cuenca) y El Rodeo (Portoviejo) sirven escáneres corporales para la detección de objetos sin necesidad de usar las manos.

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El ingreso de objetos prohibidos a los reclusorios del país ha sido un problema constante. Solo este jueves 14 de septiembre se encontraron más armas de fuego, municiones, explosivos y armas blancas en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil) y en la cárcel de varones de Esmeraldas.

En la Penitenciaría se decomisaron once armas de fuego, 1.665 balas de varios calibres, nueve cargadores, 200 armas blancas y 10,8 kilos de sustancias sospechosas de ser droga, de acuerdo con el reporte difundido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

También se incautaron otros objetos prohibidos dentro de la cárcel como 56 teléfonos móviles, una radio de comunicación y 715 dólares.

Mientras, en la cárcel de Esmeraldas se encontraron 200 armas blancas, un cargador de balas, quince balas, diez garrotes, 3,1 kilos de sustancias presuntamente estupefacientes, 280 teléfonos móviles, dos computadores, seis discos duros, unas esposas, ocho radios de comunicación y nueve módems.

Con esta serie de intervenciones en los centros carcelarios, el Gobierno busca desarmar a las bandas criminales que controlan internamente las prisiones y que, por rivalidades, han asesinado a más de 400 presos desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.