Muisne, El Empalme y Sucre también buscan ser sede de la cárcel de máxima seguridad

Tal como hizo el alcalde de Salinas (Santa Elena), sus pares de Muisne (Esmeraldas), El Empalme (Guayas) y Sucre (Manabí) también enviaron cartas al Ministerio de Gobierno para expresar su disposición para que se construya en sus territorios la cárcel de máxima seguridad inicialmente prevista en Archidona (Napo).

La alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, señaló en su oficio que la edificación del reclusorio "representaría una oportunidad sin precedentes para generar empleo". Además, consideró que la operación de la cárcel "mejoraría considerablemente la seguridad".

Lea también: El Gobierno Nacional mueve la construcción de la cárcel de Archidona a Salinas

De su lado, el regidor de El Empalme, Rodolfo Cantos, manifestó en su misiva que la construcción de la cárcel "representa una oportunidad para mejorar la infraestructura y el bienestar" de su ciudad. "Estamos convencidos de que nuestra ubicación geográfica, así como nuestra disposición para colaborar en este proyecto, nos convierte en una opción viable", destacó.

Mientras que, el alcalde Carlos Mendoza, del cantón Sucre, indicó en su nota que la penitenciaría "generará un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de nuestra localidad". Añadió que el cantón está en "una posición estratégica" para levantar la prisión.

Este lunes 16 de diciembre el Ministerio de Gobierno anunció que el proyecto carcelario se construirá en Salinas y no en Archidona, donde hubo dos semanas de protestas contra la obra. Los habitantes de ese cantón amazónico y de otras comunidades incluso tomaron la Gobernación de Napo para impedir la cristalización del proyecto.

El objetivo del Gobierno de Daniel Noboa es levantar dos cárceles de máxima seguridad, con un modelo que se ha comparado al de su homólogo Nayib Bukele en El Salvador.

Revise además: 180 reos fueron trasladados de la cárcel El Inca de Quito a Cotopaxi

Una primera prisión, con capacidad para más de 700 presos ya está en ejecución en la comuna Juntas del Pacífico, también en Santa Elena. Asimismo, el proyecto fue rechazado por comuneros, pues, entre otros argumentos, señalaban que el lugar donde se erige el penal es una zona biodiversa, y que la construcción amenaza la existencia de animales y plantas.

Pese al rechazo, que fue menos contundente que el de Archidona, la obra avanza. Cada prisión le cuesta al Estado 52 millones de dólares.