Autoridades municipales están en desacuerdo a ceder el acceso de sus sistemas de videovigilancia al ECU-911

Varios municipios expresan su desacuerdo a la orden presidencial de dar acceso al ECU-911 a sus sistemas de seguridad y cámaras de videovigilancia.

En un decreto ejecutivo, Daniel Noboa ordenó que los centros de procesamiento de datos de los sistemas de videovigilancia, operados por los gobiernos seccionales, pasen a ser controlados por el sistema integrado de emergencias.

Con esto, según el gobierno, se busca garantizar la protección de datos personales y que no sean utilizados de forma indebida.

Pero, gobiernos autónomos descentralizados, como el de Cuenca, se oponen a perder el control del centro de procesamiento de datos.

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Están de acuerdo que el trabajo con el gobierno sea articulado, es más, ya ejecutan convenios de interoperabilidad. Tienen una sala espejo conectada con el sistema integrado y un operador del ECU 911 en su sala de videovigilancia.

Cuentan con 350 cámaras de seguridad, 100 de ellas con inteligencia artificial con lectores de placas.

"La diferencia es que, con el decreto ejecutivo del presidente, quieren el control de los sistemas de videovigilancia propios de los municipios. Es importante considerar las responsabilidades de los municipios, que es control, buena apropiación de los espacios públicos, la prevención de la violencia. Somos corresponsables", dijo Pablo Cueva, director del Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca.

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La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) analiza este decreto y no ha emitido una declaración porque hay municipios, como el de Cuenca, que no están de acuerdo con ceder el control del centro de procesamiento de datos, por un principio de autonomía.

La AME publicó, en cambio, un informe sobre los sistemas de seguridad y videovigilancia. Es una radiografía sobre las 7 034 cámaras manejadas por 61 centros de monitoreo operados por los municipios, de los cuales 31 están articulados con el ECU 911.