La audiencia de juicio en contra de Wilman Terán y otros 12 procesados se difiere por sexta vez

Por sexta vez, la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del denominado caso Independencia Judicial no se instaló. El juez ponente, Julio Inga, aceptó la solicitud de diferimiento realizada por el abogado de Carlos Garavi y la convocó para el próximo 5 de julio.

Alejandro Piedra, defensor de Garavi, presentó un certificado médico que respaldaba una reciente intervención quirúrgica en uno de sus ojos.

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Mientras tanto, las dos solicitudes de Wilman Terán, uno de los 13 procesados por obstrucción a la justicia, fueron desestimadas. En el primer escrito informó que despidió a sus abogados y que él asumiría su defensa. Luego señaló que debía acudir a una audiencia en la Corte Constitucional, relacionada con una acción extraordinaria de protección que presentó cuando era presidente de la Judicatura. El juez Inga sostuvo que él ya no preside esa entidad.

Por su parte, la fiscal general, Diana Salazar, recordó que "cinco veces que se ha solicitado el diferimiento de la causa". Y rechazó que se intente "engañar y confundir a la justicia" para que no se sepa la verdad en la Corte.

La investigación en este caso se inició en 2022, por el presunto tráfico de influencias contra los exvocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, por la que se solicitó fecha para la formulación de cargos ante la Corte Nacional de Justicia.

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Luego del sorteo, la competencia para tramitar dicha causa recayó en el juez Walter Macías Fernández, quien señaló la audiencia para el 4 de mayo de 2023, pero no se instaló, debido a que un día antes (3 de mayo), Barreno presentó una demanda de recusación en su contra.

Luego, el 11 de mayo de 2023, los integrantes del pleno del Consejo de la Judicatura suspendieron de sus funciones a Macías, amparados en los informes técnicos y memorandos emitidos por sus subalternos, a pesar de que, horas antes, la demanda de recusación fue rechazada.

El 8 de marzo de 2023 se presentó una denuncia administrativa en contra del juez, en el marco del denominado caso Las Torres, por una supuesta infracción al no haber informado al presidente de la Corte Nacional la demanda de recusación en contra del juez Adrián Rojas (juez del Tribunal de dicha causa) y la emisión de la sentencia oral cuando se encontraba suspendida la competencia de este último, sin que la sentencia del juicio de recusación se encuentre ejecutoriada.

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El Consejo de la Judicatura calificó a esta denuncia administrativa como infracción gravísima y destituyó al juez Macías. Esa decisión fue tomada con dos votos favorables de los cinco posibles, correspondientes a los cinco vocales que conforman el Pleno, en una sesión marcada por irregularidades, según explicó Fiscalía.