Asesinato Fernando Villavicencio: ¿Qué implica para Ecuador un magnicidio y qué tiene que ver el crimen organizado?

El magnicidio de Fernando Villavicencio ha consternado a Ecuador y al mundo entero. Se trata del asesinato de un candidato a la Presidencia de la República, cuya trayectoria estuvo marcada por su participación en la política y sus denuncias como periodista de investigación.

El hecho ocurrió la tarde del 9 de agosto de 2023, en medio de un evento de campaña en el que participaba junto con militantes del movimiento Construye.

Según las autoridades, el ataque ocurrió al estilo sicariato. Villavicencio salía del evento, cuando recibió varios disparos al subirse en su vehículo. Murió al instante.

Los ciudadanos que le acompañaban vivieron momentos de pánico, intentaban protegerse de las balas, corrían y gritaban.

Varios analistas creen que el crimen organizado envía un potente mensaje con lo ocurrido.

Un magnicidio, según la Real Academia Española, es la "muerte violenta dada a una persona muy importante por su cargo o poder".

Para los docentes universitarios Natalia Sierra y Miguel Chavarría, el asesinato de Villavicencio se considera un magnicidio por la visibilidad que tenía al ser candidato a la máxima autoridad del Estado: la Presidencia.

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Bajo el análisis de Chavarría, profesor de ciencias políticas y relaciones internacionales, un asesinato de ese tipo también tiene la característica de que conmueve a la sociedad, tal como ha ocurrido con la muerte de Villavicencio.

Ejemplifica con otros casos que pasaron en la región y el mundo, y explica que también se genera el miedo en los ciudadanos y una interiorización del mismo. "Destruye el espacio político en el que convivimos", explica el académico.

En cadena nacional, el presidente Guillermo Lasso confirmó lo evidente: el ataque contra el candidato tiene relación con el crimen organizado.

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Los ministros del Interior, Juan Zapata, y de Defensa, Luis Lara, también se pronunciaron en la misma línea.

En declaraciones a la prensa, la mañana de este 11 de agosto, Zapata dijo que es un "crimen político con carácter terrorista". Minutos más tarde, Lara sostuvo que las "mafias le declararon la guerra al Ecuador".

A continuación, el titular de Defensa precisó que el Estado y las Fuerzas Armadas "responderán con todo su poder para enfrentar a los asesinos, cómplices, los que financian y quienes los protegen".

Chavarría cree que sí puede ser catalogado como un acto terrorista porque provocan el terror en los ciudadanos. Aclara que quienes lo infunden son "grupos delictivos transnacionales, redes criminales internacionales y que tienden a ampliarse cada vez más".

La socióloga Natalia Sierra cree que no es oportuno utilizar el término terrorismo mientras no se tengan los elementos necesarios para categorizarlo como tal, porque incluso eso podría afectar las relaciones internacionales de Ecuador.

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Sin embargo, no tiene duda de que sea el crimen organizado la estructura que está detrás del asesinato. A su criterio, buscan interferir en la política y en las elecciones; así como enviar el mensaje de que tienen el control del Estado.

Que la intención de los asesinos es boicotear las elecciones también lo confirmó el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, quien dijo que había una intención de atacar el proceso democrático que atraviesa el país.

Sierra explica que no se trata solamente de bandas o grupos que se enfrentan; sino de grandes estructuras internacionales que tienen poder económico y que también buscan controlar el poder político para su beneficio, por ejemplo, para flexibilizar las fronteras o las aduanas.

Faltan menos de nueve días para que sean las elecciones presidenciales y ambos analistas coinciden en que es muy poco tiempo para que la ciudadanía recupere la confianza en el proceso electoral. Incluso, adelantan que muchos ciudadanos opten por no ejercer su derecho, por miedo a que ocurra algún evento como el del 9 de agosto.

Sin embargo, ambos están convencidos de que no hay mejor manera de sanar una democracia herida que participando activamente en ella y defendiéndola.

La respuesta del Gobierno para enfrentar este hecho violento fue declarar estado de excepción, una vez más, para que los militares puedan intervenir en la seguridad ciudadana; en este caso, a escala nacional y con mayor énfasis durante el día de las votaciones.

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