La Asamblea aprobó una Ley que permite que empresas privadas coordinen la vigilancia con la Policía y el ECU 911

La Ley de Vigilancia y Seguridad Privada fue aprobada por la Asamblea Nacional el 5 de diciembre de 2023. Esta plantea una coordinación directa con la Policía y las Fuerzas Armadas, mediante la creación de una Subsecretaría exclusiva de la seguridad privada.

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Ambas instituciones definirán el apoyo que pueden dar los guardias a la seguridad integral, además de la integración de las cámaras de videovigilancia, plataformas y radiocomunicación de la empresa privada con la Policía y el ECU 911.

En este sentido, los guardias realizarán un trabajo preventivo y cooperativo con los uniformados. Así lo explicó Xavier Jurado, ponente de la Ley.

Para ser parte de la seguridad privada se deberá cumplir un proceso de formación y acreditación que les permita, entre otros aspectos, portar armas.

Se votó de manera independiente una reforma que incluía, para justificar la legítima defensa, que exista "peligro inminente que amenace la vida o integridad física". Sin embargo, no se aprobó, aunque incluso en la Revolución Ciudadana hubo legisladores que votaron a favor.

"Si un guardia es amenazado, si su vida está en riesgo, quedaría en indefensión. Igual para los ciudadanos", dijo Xavier Jurado. Agregó que la normativa no se enfocaba en un solo sector, sino que serviría a toda la ciudadanía "para que pueda defenderse".

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Por su parte, la asambleísta de la RC, Patricia Núñez, dijo que lo preocupante es que en la normativa no se define qué es peligro inminente para que puedan actuar. Por lo que estará a discreción del guardia de seguridad, lo que se considere peligro inminente.

La norma busca mejorar las condiciones de trabajo para los guardias: por ejemplo, las compañías tienen responsabilidad administrativa y hasta penal por el equipamiento de protección que les entreguen.

En el caso de los chalecos antibalas, se exige que cumplan con todas las normas técnicas nacionales.

Se amplían los controles sobre la afiliación al IESS y el respeto de las jornadas de trabajo. Además, el pago de las remuneraciones no será en efectivo, sino en una cuenta formal.

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El texto pasa al Ejecutivo para su revisión. Si no tiene observaciones, la norma entrará en vigencia.