Más de 5 000 armas incautadas siguen en custodia y no llegan a la fuerza pública

Más de 5 000 armas incautadas a grupos delincuenciales en Ecuador permanecen en cadena de custodia, esperando por trámites judiciales para ser transferidas a la fuerza pública. Esta transferencia fue aprobada en una consulta popular, pero la demora en los procesos judiciales ha frenado su implementación. Sin embargo, una reciente resolución del Consejo de la Judicatura busca acelerar estos procedimientos, permitiendo que magistrados y fiscales autoricen el uso de las armas por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La resolución fue publicada en el Registro Oficial el 25 de octubre y establece la competencia de juezas y jueces para determinar el destino de armas, explosivos, municiones y accesorios incautados, en concordancia con los artículos 474.2 y 474.3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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En cinco artículos, la norma detalla las responsabilidades y el proceso que deben seguir jueces y fiscales para aplicar la reforma al COIP, aprobada por la Asamblea Nacional en julio de 2023, luego de que el 63 % de la ciudadanía votara a favor en la consulta.

La nueva normativa, los fiscales deberán, en un plazo máximo de 90 días desde el inicio de la cadena de custodia y tras la orden de peritaje, solicitar a un juez la autorización para el uso inmediato de las armas.

Una vez presentada esta solicitud, el juez tendrá 10 días para emitir una resolución; en caso de no hacerlo, la autorización se considerará concedida de forma automática. Esto busca agilizar el proceso para que las armas no permanezcan en custodia de manera indefinida.

Actualmente, 5 000 armas, todas incautadas durante 2024, esperan una resolución judicial para ser traspasadas a la fuerza pública. Estas armas, que incluyen fusiles y pistolas, representan un importante apoyo para las fuerzas de seguridad, especialmente en el contexto de la lucha contra las bandas delictivas que operan en el país. La agilización de este proceso permitirá que las armas decomisadas no se acumulen en bodegas y se integren al trabajo de seguridad pública.

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El primer lote de armas, compuesto por 122 fusiles de calibre 5 56 y 7 62 y 48 pistolas de nueve milímetros, fue entregado a los militares la semana pasada. Este cargamento, valorado en un millón de dólares, fue decomisado en noviembre de 2023 en las Islas Galápagos por una patrulla de guardacostas. La resolución del Consejo de la Judicatura busca que más incautaciones tengan un destino efectivo y oportuno, fortaleciendo a las fuerzas de seguridad en el país.