Abdalá y Jacobo Bucaram son enjuiciados por delincuencia organizada en caso de pruebas COVID, después de cuatro años

Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otras dos personas son juzgadas por delincuencia organizada por irregularidades en la comercialización de pruebas de COVID-19 en 2020, durante la pandemia.

La audiencia se instaló el viernes, luego de 10 convocatorias fallidas durante cuatro años, por incidentes generados por los procesados y sus abogados. Abdalá Bucaram comparece de manera virtual, porque requiere de cuidados médicos permanentes y está conectado a un equipo de respiración, ante su cuadro de salud.

Incluso, hubo una declaratoria de nulidad del proceso y el sobreseimiento de los Bucaram para no ser juzgados, pero por insistencia de la fiscal Lidia Sarabia, ahora enfrentan el juicio.

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Este lunes, la audiencia continuó con el interrogatorio de testigos. La Fiscalía convocó a 154 personas, entre policías, peritos, funcionarios de bancos, SRI, Servicio Nacional de Aduanas y otros.

La Fiscalía dijo que probará que, entre marzo y agosto de 2020, los Bucaram, dos ciudadanos isralíes y tres agentes de tránsito de Quito conformaron una estructura delictiva para obtener beneficios económicos en la comercialización de 21 mil pruebas COVID-19.

Los extranjeros Sheiman Orem y Shy Dahan, quien fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral, trasladaban los insumos a Guayaquil. Eran escoltados por los tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito para no ser detenidos en medio del toque de queda, usando así recursos públicos.

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Las pruebas de COVID-19 fueron entregadas a Jacobo Bucaram, quien pagó USD 321 mil en efectivo a los israelíes. Los extranjeros fueron finalmente detenidos en Santa Elena, y con la información de sus celulares, se empezó a investigar a los Bucaram y a los uniformados.

En este caso, dos agentes de transito ya fueron sentenciados en procedimientos abreviados por aceptar su culpa y obtuvieron penas reducidas de tres años y cuatro meses.

Las cuatro personas restantes, que no aceptaron su responsabilidad y que son juzgados, ahora podrán enfrentar penas de hasta 13 años de cárcel. El tribunal prevé que el juicio se extienda hasta el miércoles.