El único policía sancionado por el asesinato de Fernando Villavicencio fue su jefe de seguridad, pese a que él advirtió aquel riesgo

El asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023 en Quito develó la falta de seguridad y protección de la Policía Nacional.

A un día de cumplirse el año del crimen que estremeció al país y sacudió el tablero electoral, las investigaciones administrativas internas en la Policía Nacional recayeron en un solo oficial.

El capitán Cristian Cevallos, jefe de seguridad de Villavicencio, fue sancionado por falta grave en dos investigaciones. En la primera fue acusado de entregar información confidencial a Villavicencio sobre la excandidata presidencial Luisa González.

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La otra fue por no activar el botón de pánico de forma permanente para los operativos de vigilancia en la zona de residencia de Villavicencio: dos casos que no tienen relación con los hechos ocurridos el día del asesinato.

Según el abogado del oficial, lo sancionaron en represalia a las pruebas que presentó en el proceso disciplinario que comprometen al mando policial por la falta de atención a sus requerimientos para proteger a Villavicencio.

Cevallos, en un oficio del 2 de agosto de 2023, siete días antes del asesinato, pidió a la Dirección de Operaciones de la Policia, unidades tácticas, operativas e inteligencia, en cada una de las zonas y subzonas, a las que se traslade Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia, en consideración del alto índice de riesgo del 98 %.

Como este oficio, remitió al menos 47 documentos y solicitudes al mando policial, solicitando vehículos, motos, equipos de comunicación, armas de largo alcance, incluso un año antes del crimen.

En agosto de 2022, cuando presidía la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Cevallos pidió la dotación de armas largas por el alto índice de riesgo del dignatario, a más de las amenazas alertadas por grupos de narcotráfico y de contrabando de aduanas.

Un día antes del asesinato, y el día de los hechos, Cevallos remitió el documento con el factor crítico de atención, a diez oficiales de la Policía, por el riesgo durante el mitin en el centro educativo del norte de Quito.

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Existen documentos que señalan que las unidades policiales reaccionaron de forma inmediata, pero el abogado de Cevallos pone en duda la verdacidad de los documentos.

El actual mando policial respondió que la sanción al oficial se realizó de forma documentada y con el debido proceso. Sin embargo, por las denuncias de inconsistencias, la Fiscalía abrió dos investigaciones penales: por fraude procesal y ejecución extrajudicial.

Cevallos permanece en las filas policiales y espera el pronunciamiento de la ministra del Interior, Mónica Palencia, a quien apeló la resolución interna de la Policía, que podría terminar con su carrera.