Un juez, un secretario y un abogado de Los Ríos son investigados por liberar a tres miembros de la mafia albanesa

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y policías allanaron las instalaciones de una unidad judicial del cantón Valencia, en la provincia de Los Ríos, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita. Según la Fiscalía, un juez, un secretario y un abogado habrían trabajado en conjunto para liberar a tres integrantes de la mafia albanesa.

En redes sociales, la FGE publicó imágenes de las intervenciones en las oficinas judiciales. La fuerza pública detuvo al secretario y al abogado, pero hasta la medianoche del sábado 17 de agosto el juez no era localizado. Hay una boleta de detención en su contra.

Lea también: Caso Encuentro: En conversaciones se hablaba de que los albaneses querían matar a Rubén Cherres por una deuda

Según la Fiscalía, este último -identificado como Lenin G.- ordenó la libertad de los tres miembros de la mafia albanesa. Ellos cumplían prisión preventiva por delincuencia organizada y lavado de activos. "Integraban presuntamente una red criminal liderada por el albanés Dritan Gijka", añadió la institución.

Este caso se ha denominado Albajuez, y se desprende del caso Pampa.

En esta investigación la FGE sostiene que se cometieron dos delitos: delincuencia organizada y lavado de activos. Las cabezas de la estructura criminal son Gijka, además de un argentino y un ecuatoriano.

La hipótesis de la FGE es que esta red habría creado varias empresas y utilizado otras ya creadas con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero y fusionar aquellos activos ilegales, provenientes del narcotráfico, a través de compañías dedicadas a la exportación de productos agrícolas (como banano), compra-venta de bienes inmuebles, producción de cárnicos y de cannabis.

Revise además: Mafia albanesa: Dritan Gjika vendió acciones de una de sus empresas hace un mes

En el sistema financiero nacional se detectó movimientos no justificados por un monto de 31 millones de dólares entre 2015 y 2024, con los que los integrantes de la estructura criminal habrían adquirido vehículos de alta gama, terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos, entre otras propiedades, en Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena.

Por el delito de lavado de activos hay 21 personas procesadas y por el de delincuencia organizada hay 22.