Caso Metástasis | La Fiscalía pide una pena de 15 meses de cárcel para Mayra Salazar

La audiencia de procedimiento abreviado al que se acogió Mayra Carolina Salazar Merchán se instaló pasadas las 14:00, el 24 de julio, en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Ella es la novena de un grupo de 10 procesados que son juzgados en un juicio rápido dentro del caso Metástasis.

Mayra Salazar es procesada por el delito de delincuencia organizada, como parte de la red de corrupción del narcotraficante Leandro Norero.

Pero su sentencia será menor a los cinco años de prisión, como pena mínima, con los que se sanciona este delito. Al formar parte del procedimiento abreviado, asegura que su condena sea reducida hasta en un tercio de la pena mínima, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP); es decir, su sentencia máxima sería de tres años y cuatro meses (40 meses) de cárcel.

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A ello se suma el acuerdo de cooperación eficaz que firmó con la Fiscalía General del Estado, con lo que su pena se reduciría a 15 meses. Así ocurrió con otros cooperantes, como el abogado Álex Palacios o Helive Angulo.

Una vez que Mayra Salazar aceptó su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, la fiscal general, Diana Salazar, expuso 39 elementos de convicción que fundamentan el procedimiento abreviado.

Detalló los inicios encontrados en la casa de la ahora sentenciada, entre los que se encontraban documentos impresos, celulares, tablets, memorias extraíbles, una computadora portátil, entre otros.

También se expuso las conversaciones con información que Mayra Salazar reconoció y detalló en su testimonio anticipado. Por todo ello, la fiscal Diana Salazar pidió una pena de 15 meses, considerando el acuerdo de cooperación eficaz.

Tras un receso, el juez Manuel Cabrera acogió el pedido de la Fiscal y sentenció a 15 meses de cárcel a Mayra Salazar. Ella saldrá en libertad en marzo de 2025.

Según la Fiscalía, Mayra Salazar operó desde la Corte Provincial de Guayas entre mayo y octubre de 2022, sin haber sido ser funcionaria judicial. Tuvo contacto directo con Leandro Norero y colaboró para favorecer la impunidad de la organización criminal, mediante acciones administrativas.

Su labor consistió en identificar y negociar con jueces dispuestos a recibir sobornos, en coordinación con otros procesados, como Xavier Novillo y Johann Marfetán. También contactó a su primo, Washington Sánchez, funcionario judicial en Cotopaxi, para asegurar la liberación de la hermana de Norero, contratando a la abogada Sofía García, también procesada, para facilitar el proceso.

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Estas actividades quedaron registradas en chats y transacciones bancarias. Además, su comunicación directa con Leandro Norero se verificó a través de las conversaciones materializadas de la aplicación Threema.

Todas las pruebas obtenidas por Fiscalía fueron aceptadas en su totalidad por Mayra Salazar.