Dos policías son procesados por una presunta extralimitación que dejó a una ciudadana herida en Quito

Los servidores policiales Édisson P. y Alejandro A. son procesados por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. La Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene que dispararon erróneamente contra una ciudadana de 39 años, durante una emergencia en el sur de Quito.

El hecho ocurrió el 23 de noviembre de 2023, alrededor de las 22:30. Según la Fiscalía, la mujer afectada se transportaba en un automóvil blanco, luego de asistir a una iglesia evangélica a la que acudía con regularidad. En el auto iban cuatro personas más, entre ellas su hija pequeña.

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A la altura del barrio Lucha de los Pobres, la familia observó que una camioneta se acercaba por el costado derecho de forma inusual, por lo que procedieron a maniobrar de forma evasiva. El otro vehículo inició una persecución, les cerró el camino y, de inmediato, dos personas vestidas de civiles, con armas y encapuchados, se bajaron.

Asustados, los agraviados llamaron al 911 para solicitar ayuda e intentaron huir, pero chocaron con otro automóvil a la altura de las avenidas Pedro Vicente Maldonado y Gonzalo Pérez Bustamante, en el sur de la ciudad.

Ahí notaron la llegada de un patrullero, que creyeron era el auxilio enviado por el ECU 911. El servidor policial detuvo la marcha del vehículo oficial, pero no los socorrieron. La teoría de la Fiscalía es que los agentes usaron sus armas de dotación, disparando e hiriendo a la mujer, dejándola con incapacidad física de hasta 30 días.

La Fiscalía formuló cargos contra los servidores policiales en servicio activo, el jueves 18 de julio. Entre los elementos de convicción se presentaron: el examen médico-legal practicado a la víctima, el informe de inspección ocular técnica y de reconocimiento de indicios encontrados, versiones de varias personas, informe de inspección técnico balístico, informe de valoración psicológica a la agraviada, entre otros.

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La Jueza de la Unidad Judicial Penal, con sede en la parroquia Quitumbe, acogió el pedido de Fiscalía y ordenó la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad competente para los dos procesados. Además, dictó medidas de protección a favor de la víctima.

La instrucción fiscal durará 90 días.