Una plataforma registra las violaciones de derechos humanos a trabajadoras sexuales en Ecuador

La plataforma Código rojo empezó a funcionar en Ecuador para registrar las violaciones de derechos humanos a las personas que ejercen el trabajo sexual.

“Queremos demostrar al Estado la vulneración de derechos hacia esta población, pero también incidir con estos datos en las políticas públicas y en las leyes”, explicó en una entrevista con EFE Karina Bravo, coordinadora regional de la Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual (Plaperts).

Lea también: Caso Pamela Ati: el parte de detención reveló que el cuerpo tenía hematomas

Esta iniciativa piloto, impulsada en colaboración con la Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave, y financiada por el Fondo Mundial para la lucha contra el sida, también se implementará en las próximas semanas en Perú y El Salvador. Plaperts aspira a replicar este proyecto en los 15 estados donde tiene presencia, aseguró Bravo.

El objetivo final es realizar un informe regional al cabo de un año para presentarlo en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) y llegar a un juicio que reconozca la situación de vulnerabilidad y violencia a la que están expuestas las personas dedicadas al trabajo sexual, en su mayoría mujeres, explicó Bravo.

El 79 % de las trabajadoras sexuales se ven expuestas a una condición laboral precaria, informal y sin reconocimiento ni apoyo estatal, lo que las expone a múltiples violencias y situaciones de desamparo, de acuerdo con el informe ‘Situación de las mujeres y personas que ejercen el trabajo sexual en Ecuador’, elaborado en 2023 por la organización no gubernamental Care.

Revise: Mónica Palencia responde a José Serrano sobre presunta vinculación de policías al crimen organizado

En este sentido, Bravo apuntó que la violencia psicológica, física y la discriminación son las violencias que más sufren las trabajadoras sexuales. Esta realidad se ha recrudecido desde la pandemia por Covid-19, señaló al recordar el aumento de feminicidios a mujeres en esta actividad laboral.

En muchos casos, dijo el dirigente de Plaperts, las bandas criminales “se apoderan de los espacios donde ejercen el trabajo sexual queriéndoles cobrar vacunas (cupos de dinero exigidos bajo extorsión) y les chantajean de diferentes formas". Anotó que "inclusive, les obligan a vender droga si no quieren pagar la vacuna”.

“Cuando las compañeras se niegan, son asesinadas para demostrar que o te acoges a lo que ellos quieren o te matan”, agregó.

Para Plaperts, los derechos laborales ayudarían a bajar los niveles de violencia contra estas mujeres. Bravo destacó la premura de asegurar la protección social a estas trabajadoras que no pueden jubilarse porque no obtienen ningún tipo de prestación.

Le sugerimos: Santa Elena: Un hombre recibe la pena máxima por el femicidio de su pareja

Asimismo, relató que las trabajadoras sexuales tampoco pueden acceder a créditos bancarios porque se les solicita un certificado laboral que no poseen.

“Nadie nos va a dar un certificado laboral a pesar de que hemos demostrado que somos personas responsables, que pagamos nuestro crédito y que estamos pendientes de nuestras deudas”, aseveró Bravo.

Y añadió que esta realidad contribuye a que muchas mujeres que desean dejar esta profesión no puedan escapar de este círculo de violencias y de vulneración de derechos.

Pero todo ello, concluyó Bravo, también pasa por programas de prevención de la violencia contra las mujeres y de poner fin al “estigma, la discriminación y los estereotipos” hacia las trabajadoras sexuales.