Exjuez afirmó que gestionó la liberación de Daniel Salcedo con respaldo de Viviana Veloz; ella niega haber tenido injerencia

En la Corte Nacional de Justicia, el exjuez del cantón Paján de Manabí, Simón García, rindió su testimonio anticipado dentro del caso Plaga. Ahora es considerado testigo protegido por la Fiscalía General.

En la diligencia reveló que vendió sentencias para favorecer procesos impulsados por los abogados Christian Romero y Lenín Vimos, también procesados. Una de esas sentencias fue la medida cautelar que liberó a Daniel Salcedo en diciembre de 2022.

En ese mes, García, Vimos y Romero entablaron una conversación. “Me indicó que él trabaja con varios jurisconsultos a nivel nacional, en especial del abogado Eduardo Franco Loor, que era abogado del expresidente de la república Rafael Correa Delgado", manifestó García.

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Romero le pidió que falle a favor de Salcedo, pues en ese caso había intereses políticos. “Me dijo que requiere esta medida cautelar, pero con la venia política, que tiene el respaldo de una persona de la Revolución Ciudadana, asambleísta por dicho movimiento político de nombres Viviana Veloz”.

Según el testigo, la conversación continuó en la oficina de un abogado, asesor del entonces asambleísta correísta Joao Acuña, quien también estuvo presente.

“Conversaron frente a nosotros y yo le dije a Joao Acuña Figueroa que por favor verifique si es que efectivamente es la ciudadana Viviana Veloz quien está al teléfono para no caer en cuentos (...) para lo cual el abogado Cristhian Romero le facilitó dicho móvil telefónico y conversaron los dos, efectivamente se verificó que era Viviana Veloz”, recordó.

El exjuez dijo que, entonces, con el padrinazgo de Veloz, se presentó la medida cautelar. Inicialmente, le dieron USD 10 mil en efectivo y luego USD 40 mil en billetes de 100, pero USD 10 mil le devolvió a Romero, que le pidió como obsequio, pues dijo que era un tema político y no le iban a pagar.

Finalmente, presentaron la acción constitucional, le entregaron la sentencia redactada en un pendrive, la emitió y Salcedo salió de la Cárcel 4 de Quito.

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Dijo por ello, fue destituido e investigado. Aseveró que al final no le ayudaron con los sumarios administrativos, ni con cinco puestos gerenciales que le habían ofrecido en CNT, Petroecuador y CNEL como pago por sus servicios.

La legisladora, quien también es vicepresidenta a la Asamblea Nacional, manifestó mediante un comunicado que nunca ha tenido injerencia en la Función Judicial ni en otra institución del Estado.

Acusó que la Fiscalía usa estos procesos penales, mediante los testimonios anticipados, para manchar su nombre y el del Movimiento Revolución Ciudadana.

Aseveró que ha cumplido su rol de fiscalizadora llevando a juicio político a exvocales del Consejo de la Judicatura, al excontralor Pablo Celi y al expresidente Guillermo Lasso. Agregó que ella fue una voz crítica frente a las de corrupción en hospitales, en los que fue vinculado Daniel Salcedo.

"No perderé más mi tiempo aclarando estas injurias. Si alguien me acusa, lo debe hacer con pruebas y no con el testimonio de un corrupto. No me intimidarán y continuaré con mi rol fiscalizador", concluyó.