Rafael Correa planta cara a Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El Gobierno de Ecuador demostró esta semana la firmeza de su posición en relación con los derechos humanos al rechazar el reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de suspender la ejecución de una sentencia contra tres condenados por injuriar al presidente Rafael Correa.

 

El posicionamiento del Gobierno de Correa, secundado por representantes tan destacados del Ejecutivo como el canciller, Ricardo Patiño, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y otros integrantes del gabinete, va en la línea de su distanciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), patente desde hace tiempo.

 

Se corresponde, además, con la exigencia manifestada por el Gobierno para que se reforme el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del que Ecuador ya ha advertido que podría salir si no se producen cambios sustanciales en su organización y funcionamiento.

 

Correa ha explicado de forma reiterada que no se entiende que la OEA, de la que depende la CIDH, tenga su sede en Washington, cuando Estados Unidos no ha ratificado el Pacto de San José, fundamento del organismo interamericano.

 

El episodio de esta semana viene a confirmar ese posicionamiento de Ecuador, al rechazar su Gobierno las medidas cautelares dictadas por la CIDH en el caso del legislador de oposición Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa, condenados por injurias.

 

Los dos primeros fueron condenados a dieciocho meses de cárcel y el tercero a seis meses por el delito de "injuria judicial", al haber acusado al mandatario "de haber cometido un delito de lesa humanidad", según la Cancillería ecuatoriana.

 

Los tres fueron denunciados por Correa ante unas acusaciones que hicieron contra él en relación con los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, cuando el gobernante estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial que el Gobierno considera un intento de golpe de Estado.

 

Los condenados acusaron a Correa de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.

 

Ellos presentaron una denuncia en la Fiscalía, que no la acogió y la calificó de temeraria y maliciosa al no haberse demostrado la versión, por lo que Correa emprendió el juicio por injurias.

 

La CIDH dictó esta semana medidas cautelares y pidió al Gobierno que suspendiera la sentencia "por el daño grave e irreparable que el proceso en sí mismo y la posterior sentencia tendrán en sus derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, derechos políticos y libertad de expresión".

 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ya había expresado el 24 de enero su preocupación por el caso al recordar que "la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos es desproporcionada y vulnera por ello el derecho a la libertad de expresión".

 

Pero para el Gobierno ecuatoriano este argumento no es aceptable, y en especial para su presidente, quien mostró su malestar por el hecho de que la CIDH se permita hacer este tipo de reclamos.

 

"Ordenan a la República que revierta una sentencia ejecutoriada -así de simple- de un país soberano", expresó el martes el mandatario.

 

Y además, destacó que los representantes de la CIDH no tienen facultades para solicitar estas medidas, por lo que les calificó a ellos de "grupo de burócratas sin atribución" y a su pronunciamiento de "inaudito".

 

Otro aspecto señalado por el gobernante es que la CIDH no utilizó argumentos jurídicos, como hubiera podido ser afirmar que en el juicio contra Jiménez, Villavicencio y Figueroa se vulneró eventualmente el debido proceso.

 

En cambio, según él, se basaron en críticas a la ley. "Critican la ley ecuatoriana; como no están de acuerdo, no se puede aplicar la ley", dijo.

 

"De acuerdo a estos genios una denuncia penal acusando al presidente de la República de criminal de lesa humanidad con total mala fe, falseando los hechos" es una manifestación "de libertad de expresión", argumentó Correa, quien calificó de "locos" a los autores del dictamen.

 

Pero los argumentos de Correa fueron complementados por otros miembros del gobierno, como el canciller, Ricardo Patiño, quien subrayó que la CIDH "sabe que no puede solicitar medidas cautelares", ya que ni la convención ni el estatuto que regulan su funcionamiento se lo permiten.

 

"Quien tiene atribuciones para establecer medidas" provisionales es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en San José de Costa Rica, "no la Comisión", dijo el canciller, quien resaltó que cuando ese tribunal lo hace, el Estado ecuatoriano lo cumple.

 

Mientras, la CIDH celebró este viernes en Washington dos audiencias sobre el país, de las que el Gobierno ecuatoriano estuvo ausente porque, según el propio canciller, se niega a prestarse a lo que considera un "show político".