25 mar 2025 , 06:57

Quito tiene cuatro escombreras autorizadas

Un diagnóstico de estos espacios naturales indica que son mal utilizados y muchos de estos se han convertido en botaderos de basura y escombros, ¿por qué sucede esto?

   

A la escombrera del Troje, en el extremo sur de Quito, a diario llegan 2.200 metros cúbicos de desechos, entre material de construcción, bloques, vidrio y hasta madera. Con una vida útil de 13 meses, es una de las cuatro legales en la capital, a ella se suman la de San Antonio, que tiene 60 meses de vida útil, Oyacoto con 21 meses y de la E-35 entre Pifo y Sangolquí, que tiene una vida útil de tres meses donde ya se construye una ampliación.

Estos son los lugares autorizados para la disposición de los desechos de construcción, en Quito. Sin embargo, según la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs), no todo llega a estas escombreras autorizadas. De los más de 4 mil metros cúbicos que genera la capital, el 25% va a la ilegalidad.

“Tenemos más de 45 focos ubicados en escombreras ilegales. Hay escombreras ilegales que sí le cobran otras no. Es cultural, hay quienes arreglan un baño en la casa contratan una camioneta y bota en el primer descampado que encuentra”, dijo Santiago Andrade, gerente de Emgirs.

A la mala disposición de los usuarios se suman otros factores para que los desechos terminen en quebradas y sus bordes. Por ejemplo, el insuficiente número de escombreras y lo distantes que se encuentran, en los extremos de la ciudad. Hasta inicios de 2024, la capital solo contaba con dos escombreras autorizadas. A partir de marzo se sumaron dos más. Esto lo corroboran autoridades municipales y representantes del servicio de transporte de este tipo de material.

“Este momento tenemos cuatro escombreras; sin embargo, de acuerdo con los análisis se requiriría mínimamente una o dos más para tener un acceso más rápido”, dijo el concejal Fidel Chamba.

“No son suficientes las cuatro escombreras debido a que las distancias son largas, hablando de unos 70 kilómetros de distancia entre ir y venir, pero podrá haber 10 o 20 escombreras formales, pero si no hay control los compañeros prefieren ir donde no les cuesta”, dijo María del Carmen Proaño, presidenta de la Asociación de Transporte Pesado en Volquetas y Maquinaria de la ciudad de Quito (Atrovol-Q).

La falta de control es el factor que más influye, tarea que se ha vuelto un desafío para las autoridades municipales, cuyo ente a cargo es la Agencia Metropolitana de Control (AMC). “La AMC no tiene la capacidad para realizar el control permanente. Tiene muchas competencias que pueden llegar a rebasar. Debe reestructurar el aparato administrativo y burocrático para el tema de quebradas”, dijo Chamba.

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Proaño afirma que “legales tenemos cuatro y alrededor de una legal hay 10 escombreras clandestinas, medio ven un hueco y ahí botan. La AMC no está funcionando, están con 700 actividades que controlar que no se abastecen, por eso el pedido es que tome la posta Emgirs”.

Es así que los transportistas que brindan este servicio se han dividido en dos grupos. Los que respetan la norma y acuden a escombreras y los informales. Los primeros pagan la tarifa establecida de USD 0,57 por metro cúbico y los segundos la evaden descargando los desechos en quebradas.

La preocupación crece porque el Municipio aprobó una ordenanza que eleva la tarifa en las escombreras autorizadas, de USD 0,57 a 0,97, de manera progresiva hasta el 2027. Con el compromiso de aumentar dos escombreras adicionales y hacer más riguroso el control.

“Si en el 2026 que nos viene un incremento de 13 centavos por metro cúbico no hacen el respectivo control, el remedio será peor que la enfermedad, proliferarán las escombreras clandestinas”, dijo Proaño.

“La AMC interviene en flagrancia en los escombros. Ahí hay una prueba, sino que se ve solo el escombro botado. Se debería crear una unidad especializada en eso en la AMC”, expresó Cecilia Pacheco, integrante del colectivo Ilaló Verde.

Según el Código Municipal, depositar escombros en el espacio público supone una sanción del 50% del Salario Básico Unificado (SBU), según la Agencia Metropolitana de Control, en el 2024 se realizaron 555 controles de quebradas y la autoridad no aclara el número de sanciones.

En una nueva entrega mostraremos el estado de las quebradas en quito y su afectación frente a la mala disposición de desechos.

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