Quito: el Concejo Metropolitano analiza una ordenanza para evitar la retención de un carro por incumplir el Pico y Placa
Uno de los principales motivos para la elaboración de esta ordenanza es que la retención vehicular genera costos operacionales para la Municipalidad.
- La sesión del Concejo Metropolitano. ( )
El proyecto de Ordenanza Metropolitana reformatoria a la retención de los vehículos del Plan de Restricción de Circulación Vehicular en Quito, conocido como pico y placa, fue analizado este miércoles 28 de agosto de 2024 en la sesión ordinaria número 81.
Uno de los principales motivos para la elaboración de esta ordenanza es que la retención vehicular genera costos operacionales para la Municipalidad.
El proyecto fue presentado por la concejala Cristina López Gómez de la Torre. Su objetivo es que los vehículos cuyos conductores que infrinjan el Pico y Placa no sean retenidos, sino que pueden ser liberados luego de cancelar una multa. “El objetivo es disminuir los procesos burocráticos, optimizar los procesos operativos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y transmitir una mejor imagen institucional”, señaló la edil.
El alcalde Pabel Muñoz López indicó que esta normativa permitirá que la agentes y los agentes no sean susceptibles a la corrupción. Adelantó que, mediante los informes técnicos y los análisis pertinentes, se podría revisar la multa para que sea un desincentivo el incumplimiento de la restricción.
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⚠ Antes de salir de casa, revise las restricciones de movilidad para este miércoles, 28 de agosto de 2024.
— Comunidad Quito (@comunidadquito) August 28, 2024
AQUÍ el calendario del #PicoYPlaca ▶ https://t.co/ZBqxTTYDrk pic.twitter.com/QthBoSQJtW
Washington Martínez Suasnavas, director de la AMT, indicó que la normativa busca reducir la carga de vehículos en los Centros de Retención Vehicular (CRV). “La AMT solo contaba con dos CRV, ahora cuenta con 10 patios para almacenar a los vehículos de infractores”.
Fernanda Racines Corredores, vicealcaldesa de Quito, enfatizó en que la nueva ordenanza beneficiará a la ciudadanía. La razón: no se pagará el servicio del traslado del vehículo hasta un CRV, no perderá tiempo ni dinero en el traslado. “Tenemos miles de vehículos retenidos y lo que nos toca hacer es esperar cinco o 10 años para un proceso de chatarrización, ese tiempo le cuesta recursos económicos al Municipio”.
Diana Cruz Murillo indicó que, para facilitar la movilidad de la ciudadanía se podría implementar salvoconductos para que las personas puedan movilizarse por la ciudad en casos de alguna emergencia o consulta médica, por ejemplo.
El proyecto de ordenanza será analizado en la Comisión de Movilidad y pasará al Pleno del Concejo Metropolitano para el segundo debate en los próximos días.
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