.svg "Icono parpadeo"){kind=small}
Seis mineras irregulares, que presuntamente contaminaban fuentes de agua en Pintag, fueron clausuradas
Los ciudadanos alegaban que estas mineras estaban contaminando el agua que consumen las parroquias de Pintag, Alangasí, La Merced y Guangopolo.
-
La AMC había puesto los sellos de clausura previamente, pero fueron retirados de forma ilegal.( )
Seis mineras que operaban sin los permisos municipales requeridos cerca de la reserva ecológica Antisana, en la parroquia de Pintag, fueron clausuradas el 1 de julio.
La intervención se llevó a cabo en cumplimiento de un dictamen emitido por un juez constitucional ante la demanda presentada por un colectivo ambientalista. Los ciudadanos alegaban que estas mineras estaban contaminando el agua que consumen las parroquias de Pintag, Alangasí, La Merced y Guangopolo.
Lea también: Una persona falleció por inhalación de dióxido de carbono de un calefón, en el Valle de los Chillos
La mayor parte de la contaminación de los caudales se atribuía a la descarga de desechos, gasolina, basura, entre otros materiales nocivos.
Los operativos se realizaron por personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), en colaboración con el Cuerpo de Agentes Metropolitano y la Policía Nacional realizaron los operativos.
Las multas oscilan entre cinco y ocho salarios básicos
Durante la clausura, se encontró maquinarias pesadas como retroexcavadoras y volquetas utilizadas para la extracción del material pétreo, el cual es empleado como materia prima en el sector de la construcción.
La directora de Instrucción de la AMC, Daniela Jerves García, comentó que semanas atrás ya se habían colocado sellos de clausura en una de las mineras, pero que estos habían sido retirados.
De acuerdo con el artículo 1947 del Código Municipal, las personas que realicen cualquier actividad económica sin contar con los permisos municipales serán sancionados con multas que oscilan entre cinco y ocho salarios básicos, es decir, de USD 2 300 a USD 3 680.
Así mismo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se establece una pena privativa de libertad de uno a tres años para la persona que rompa o retire los sellos impuestos por la autoridad competente para impedir la medida cautelar impuesta.
Recomendadas