Viviana Veloz planteará una medida cautelar de suspensión a los tributos planteados en la Ley contra el Lavado de Activos

Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, anunció que el 13 de diciembre presentará una acción de inconstitucionalidad "para expulsar del Registro Oficial la Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, enviada ilegalmente por el Ejecutivo".

“No confiamos en una Corte que se ha sometido al poder político (...) Esperamos que la Corte Constitucional actúe de manera diligente, que no se lave las manos como Pilato y que como defensora de la Constitución se pronuncie como establece la ley, el ordenamiento jurídico y la Carta Magna”, dijo durante su espacio de rendición de cuentas.

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Veloz sostuvo que, como los tiempos que maneja la Corte Constitucional son laxos, solicitará una medida cautelar de suspensión de los tributos que se cargan en dicha Ley, para evitar afectar aún más los bolsillos de los ciudadanos, golpeados por la crisis económica y energética que vive el país.

La Ley denominada por el gobierno como "antipillos" fue publicada el martes, 10 de diciembre de 2024, en el Registro Oficial. En la víspera, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto para su promulgación, pese a que la Asamblea había negado y archivado el proyecto de ley.

Existen dos tesis contradictorias. La primera, que defiende la mayoría de la Asamblea, que negó y archivó el proyecto de ley basándose en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que faculta a la Asamblea a archivar un proyecto de ley en el primer debate.

Y en concordancia con el artículo 140 de la Constitución, que determina un plazo de 30 días a la Asamblea para que apruebe, modifique o niegue los proyectos económicos urgentes.

El jurista Gonzalo Muñoz defiende la posición de la Asamblea porque desde la vigencia de la Constitución en 2008 es la primera vez que un Gobierno desconoce el archivo de una ley aprobada por el Parlamento.

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El Ejecutivo sostiene la otra teoría que se basa en el artículo 137, según la cual los proyectos de ley deben ser sometidos en la Asamblea a dos debates.

Para el jurista y exsecretario de la Asamblea, Pablo Santillán, el Presidente aplicó ese artículo y no se arrogó funciones.

Sobre este caso, según Santillán, ya existe una resolución de la Corte Constitucional del 2023, cuando analizó los decretos ley del expresidente Guillermo Lasso, después de la muerte cruzada.