Villavicencio denuncia un pacto entre el correísmo y el PSC, a la espera de que la justicia levante su sanción

Fernando Villavicencio, presidente suspendido de la Comisión de Fiscalización, acudió a una audiencia en Quito por una acción de protección que presentó contra cinco vocales del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que decidieron imponerle una suspensión de un mes.

Su objetivo es anular esa sanción que le impusieron por una supuesta ofensa de palabra en un tuit a la legisladora correísta Patricia Núñez.

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“Es una atrocidad que ellos pretendan regular los mensajes en redes sociales”, dijo Villavicencio. El artículo 171, numeral 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que un asambleísta puede ser suspendido por falta grave si emite criterios ofensivos o injuriosos contra otros en el pleno de la Asamblea o en las comisiones.

“Pero yo jamás emití un criterio en la Asamblea, lo que hice fue escribir un tuit y en este país no se puede juzgar a un ciudadano por pronunciarse en redes sociales, eso es violar la expresión pública de la gente”, argumentó antes de entrar a la audiencia.

Según Villavicencio, su acusadora, Patricia Núñez, acusó a su familia de corrupción valiéndose de documentos falsificados “¡pero como soy hombre no puedo responder!”.

A su criterio, el correísmo pretende sacarlo de la Comisión de Fiscalización “porque quieren tapar las pillerías que les he descubierto”.

Más temprano, en entrevista con Ecuavisa, Villavicencio se refirió a la destitución de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) pese a que -como reconoció la Secretaría de la Asamblea Nacional- no hay ningún informe de la Comisión de Fiscalización que recomiende el inicio de un juicio político.

“Donde mandan los pactos y las trincas, el derecho y la razón están de rodillas”, dijo Villavicencio en el programa Contacto Directo sobre esta aparente irregularidad en el proceso de juicio político que denuncian los consejeros de Participación destituidos, quienes buscan anular ese castigo mediante una acción de protección.

La Asamblea, con 85 votos, decidió cesar a Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira.

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“Lo recomendable es que clausuren la Comisión de Fiscalización, porque todo trabajo en derecho, de sustanciar los juicios políticos como lo hemos hecho en trece ocasiones, llega al pleno de la Asamblea y son los votos, los pactos y las trincas, los que definen el futuro de ministros o el control del Consejo de Participación”.

Villavicencio rechazó que el secretario de la Asamblea haya asegurado en el pleno -el pasado 18 de noviembre- que no existe un informe de la Comisión de Fiscalización sobre el juicio político.

Él mostró uno en el que sí recomienda la destitución de los funcionarios, pero no solo de cuatro, sino también de los otros tres que son identificados con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, quienes fueron salvados por una mayoría conformada precisamente por esos bloques.

"El informe recoge que los siete incumplieron funciones y entonces la recomendación era que se vayan todos".