28 mar 2025 , 22:05

El TCE dispone que la suspensión de derechos políticos de Verónica Abad quede en firme; el lunes no podrá ejercer la Vicepresidencia

Con este escenario, el presidente Daniel Noboa tiene vía libre para nombrar a un reemplazo en la Vicepresidencia.

   

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), pasadas las 21:00 de este viernes 28 de marzo de 2025, dio por atendido un recurso de aclaración y dispuso al secretario general que siente la ejecutoría de la sentencia en contra de Verónica Abad y así quede en firme la suspensión de derechos políticos por dos años.

La abogada electoral Mónica Jaramillo explica que esta noche mismo quedará sentada la ejecutoría de la sentencia, pero aún no se puede hablar de que Verónica Abad está bloqueada de ejercer la Vicepresidencia, porque el secretario del TCE debe enviar el expediente al juez de primera instancia, es decir, Guillermo Ortega.

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Es el juez Ortega quien emite el oficio al Ministerio de Trabajo para que la imposibilite de ejercer cargo público. Esto ocurrirá el lunes, explica Jaramillo, porque este caso se tramita de lunes a viernes.

"Si bien hoy la causa puede ejecutoriarse, el proceso se sustancia en términos, solo días hábiles, el lunes, el juez Ortega recibe los expedientes de secretaría y emite los oficios correspondientes, uno de esos al Ministerio de Trabajo, que inmediatamente emitirá el impedimento", explicó.

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Noboa tendrá vía libre para elegir el reemplazo de Abad

Tras atender la aclaración de la sentencia, Verónica Abad no puede interponer más recursos ante el TCE, pues su fallo de segunda instancia es inapelable. Solo le queda una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, pero ese proceso toma meses, es decir, después de las elecciones e incluso después de que concluya su periodo en mayo.

Con este escenario, Daniel Noboa tiene vía libre para nombrar a un reemplazo en la Vicepresidencia.

Verónica Abad fue sancionada con la pérdida de derechos políticos por dos años y una multa económica de USD 14 000 por cometer violencia política de género en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld.

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