Un tuit borrado, una de las 2 pruebas de Aleaga para solicitar juicio al contralor

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió este jueves 10 de marzo los testimonios y documentos que respaldan la solicitud de juicio político al contralor Carlos Riofrío, proceso que fue planteado por el asambleísta de UNES, Ronny Aleaga.

El legislador correísta presentó solo dos pruebas: la captura de pantalla de un tuit borrado y un acuerdo firmado por Riofrío. Además, el parlamentario no solicitó testigos.

Aleaga acusa al contralor de incumplimiento de funciones al determinar que solo los procesos contractuales en los cuales el presupuesto referencial sea inferior a los 962.420,93 dólares requerirán del informe de pertinencia previsto en la ley, con lo cual unos 10.000 procesos quedarían fuera de este instrumento de control.

Según Aleaga, la exclusión de este requisito para los contratos que no superen el monto establecido, de ninguna manera contribuye al fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales.

De su lado, Riofrío, quien también compareció este jueves ante la Comisión de Fiscalización, señaló que la disposición sobre los informes de pertinencia obedecen a reformas introducidas en las leyes de Contratación Pública y de la Contraloría General del Estado, así como los cambios al Reglamento de Contratación Pública, dispuestos por el presidente Guillermo Lasso.

Efatizó que durante su gestión la Contraloría instauró esos cambios, y que desde que asumió su cargo, en junio de 2021, se han entregado 800 informes generales de auditoría, 203 informes con indicios de responsabilidad penal remitidos a la Fiscalía General del Estado, así como un incremento del 350 % en los valores recaudados por concepto de glosas.

- "No es por un tuit" -

El asambleísta Aleaga dijo ayer que este proceso no se trata de un tuit, aunque reconoció que "existían comentarios" sobre una supuesta "debilidad" de las pruebas.

No obstante, insiste en su postura y considera que el contralor incumplió sus funciones al reconocer "que hay más de 100.000 procesos de contratación pública que no tienen el informe de pertinencia".

Entre los integrantes de la Comisión se cuestionó la supuesta falta de pruebas en este caso.

Ahora la Comisión de Fiscalización tiene hasta la otra semana para presentar el informe en el que se recomendará el juicio político al contralor o el archivo de la solicitud.