Tres claves para entender la crisis de violencia en Ecuador y las propuestas para combatirla de Daniel Noboa

Mano dura, reformas carcelarias profundas e inversión en tecnología contra el crimen.

Es el resumen del recetario que propone el nuevo presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, contra la crisis de violencia que vive el país.

Es su mayor reto como presidente y con doble dificultad añadida: solo estará en el cargo hasta mayo de 2025 y tendrá que lidiar con una Asamblea Nacional (AN) fragmentada y con un gran número de escaños del correísmo.

Noboa venció este domingo en segunda vuelta a la candidata correísta Luisa González después de que el presidente saliente, Guillermo Lasso, decretara en mayo la disolución de la Asamblea Nacional y solicitara la convocatoria de elecciones anticipadas a través de un mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”.

Lasso enfrentaba una posible destitución por supuesta malversación de fondos públicos, unas acusaciones que niega.

De este modo, Noboa cubrirá el mandato que le quedaba a Lasso, quien ocupa la presidencia desde mayo de 2021.

La violencia en Ecuador marcó la campaña electoral con el asesinato de varios líderes políticos, entre ellos, el candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado durante un mitin el pasado agosto.

Analizamos la crisis de seguridad en Ecuador con tres claves y cómo Noboa planea combatirla.

1. Violencia política

El asesinato de Villavicencio evidenció que ni siquiera los políticos más conocidos son inmunes a la violencia del país.

Líder sindical, periodista y diputado, Villavicencio se lanzó como candidato presidencial por el movimiento Construye.

Destacó por denunciar la filtración del narcotráfico en estamentos oficiales del gobierno y por proponer afianzar la seguridad a través de la policía y el ejército.

Su asesinato fue quizás el más grave, pero no el único.

El alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, fue abatido a tiros mientras visitaba una obra en julio. El hecho fue calificado como un atentado por las autoridades y la deportista Ariana Estefanía Chancay, quien se había acercado al funcionario para pedir ayuda, también murió.

En el mismo mes, el candidato a diputado Rinder Sánchez fue baleado cuando cuatro sujetos pretendieron supuestamente robarle su auto.

En febrero, dos aspirantes a alcalde murieron en sendos atentados.

La muerte de Intriago coincidió con un nuevo brote de violencia en las cárceles ecuatorianas.

El pasado 22 de julio, reclusos del Centro de Privación de Libertad Guayas No 1, ubicado en Guayaquil, la segunda ciudad más poblada y donde está el puerto más importante de Ecuador, se enfrentaron entre ellos.

Las autoridades enviaron a 2.700 policías y militares a restaurar el orden y poner fin a los incidentes que dejaron 31 fallecidos, de acuerdo con los datos suministrados por la Fiscalía.

Durante esas labores los uniformados incautaron un arsenal de fusiles de largo alcance, lanzagranadas, municiones y explosivos, reportaron las Fuerzas Armadas.

Horas después, los presos de 13 de las 35 prisiones del país iniciaron una huelga de hambre y retuvieron a unos 100 custodios.

La respuesta del presidente Lasso fue imponer estados de excepción en distintas zonas del país.

Muchos analistas dudan que esta medida pueda terminar con la recurrente violencia en las prisiones que ha dejado más de 400 muertos desde 2021, según Human Rights Watch.

Para rematar, en algunas ciudades y poblaciones se produjeron atentados y ataques con bombas contra establecimientos comerciales y vehículos particulares y de transporte público.

2. Las garras del narcotráfico

Las provincias occidentales de Esmeraldas, Guayaquil y Manta han sido los principales escenarios de la violencia reciente en Ecuador.

Allí están los principales puertos del país, infraestructuras codiciadas por los criminales, sobre todo narcotraficantes.

“La principal problemática del Ecuador en relación con la geopolítica del narcotráfico está dada por su ubicación territorial junto a Colombia y Perú, principales productores de cocaína en el mundo, así como por la debilidad en los controles integrados de frontera que facilitan el ingreso de droga que posteriormente es transportada a puntos estratégicos del perfil costero y Guayaquil”, admitió la Policía Nacional de Ecuador en un informe publicado en julio.

En el mismo reporte, el organismo reconoció que el escaso control estatal sobre el territorio marítimo y aéreo facilita la salida de aeronaves y embarcaciones de puertos sin casi revisión.

Estas condiciones favorecieron la formación de organizaciones criminales nacionales y el arribo de otras internacionales. Desde 2019 casi se triplicó la droga incautada en el país, al pasar a 201 toneladas frente a las 79,5 de cuatro años antes, según el reporte.

Los asesinatos también crecen.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado indica que en el primer semestre de 2023 el número de homicidios intencionales aumentó un 528% en comparación con el primer semestre de 2019.

“Al final de 2023, el país puede alcanzar una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes mayor a 35”, apuntó el organismo en su informe más reciente.

Las autoridades sostienen que la gran mayoría de asesinatos están vinculados al narcotráfico.

A pesar de la gravedad de la situación, el ministro de Interior, Juan Zapata, niega que todo el país esté bajo control del crimen organizado.

“Las muertes violentas están geolocalizadas. Ecuador tiene 24 provincias. El problema está en cinco, que son la ruta de la droga”, explicó.

Unas afirmaciones que la periodista ecuatoriana Carolina Mella, quien reside en Guayaquil, pone en duda.

“La violencia ha comenzado a expandirse en todo el país. En la costa es porque el narcotráfico necesita los puertos, pero en la sierra es porque allí funcionan puntos de almacenamiento, incluso en Quito”, explicó.

3. Guerra contra las drogas y prisiones hacinadas

Desde el Gobierno ecuatoriano saliente culpan del auge violento no solo a criminales, sino también a la poca inversión de administraciones anteriores en seguridad.

El ministro Zapata se trazó como meta elevar el número de policías hasta los 82.000 para 2024.

Pero hay quienes creen que esta receta no es la correcta.

“En Ecuador estamos viviendo una guerra contra las drogas (y tenemos un gobierno) que apunta a poner más policías y militares en las calles, pero que no hace nada por reducir el lavado de activos”, se quejó el analista Luis Carlos Córdova en conversación con BBC Mundo.

“Mientras se juega al gato y al ratón, persiguiendo a pandilleros y distrae hacia la seguridad enormes cantidades de recursos que deberían ir a la inversión social, (el gobierno) no hace nada por romper las estructuras económicas del crimen organizado”, denunció el investigador del proyecto Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Quito.

Córdova cree que el gobierno debería invertir más en educación, combatir la deserción escolar y evitar así que los jóvenes terminen dentro de organizaciones criminales.

También abogó por reforzar controles sobre policías y militares para atajar sus posibles nexos con los delincuentes.

Los estados de excepción que fue decretando Lasso tampoco generan unanimidad.

“Estamos de decreto en decreto. Hemos vivido 16 decretos. ¿Qué han resuelto? Absolutamente nada”, dijo entonces la candidata presidencial Luisa González, cercana al expresidente izquierdista Rafael Correa y crítica de las políticas de Lasso.

Con la declaración de emergencia nacional tomada tras la muerte de Villavicencio, fueron 17 los decretos.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó a las autoridades ecuatorianas que combatan el hacinamiento carcelario, considerando que incentiva la violencia y las actividades ilícitas como la extorsión a presos por parte de bandas organizadas.

Hasta 2022 en las prisiones ecuatorianas había 36.599 personas, pese a que sólo tenían capacidad para albergar a 30.169. Cuatro centros presentaban un hacinamiento del 95%, denunció la CIDH en un informe.

¿Qué propone Noboa?

"Se deben impulsar reformas profundas en las cárceles y tener un programa de segmentación adecuado, en el cual al 17%, que es el más violento, tenerlo totalmente aislado", declaró Noboa en una entrevista con el medio digital ecuatoriano Primicias.

El joven político planteó como su propuesta más novedosa instalar cárceles flotantes en barcazas para internar a delincuentes peligrosos lejos de la costa e impedir que sigan operando desde prisión..

"Serían una medida transitoria mientras reestructuramos todo el sistema carcelario, pero no los podemos tener como en un hotel cinco estrellas. Tienen enchufes, aires acondicionados, pantallas, hay suites en las cárceles", afirmó.

Esta iniciativa, sin embargo, ha generado dudas.

“Es muy difícil llevarla a cabo, porque fabricar las barcazas tomaría más del año y medio de su presidencia, la logística es complicada y además el régimen jurídico ecuatoriano no contempla el aislamiento como pena para los reos”, indicó el politólogo Roberto Calderón.

Otras propuestas de Noboa son penalizar el consumo de drogas a pequeña escala, crear un sistema de jurados para delitos graves e invertir en avances tecnológicos, como drones y radares, para neutralizar a la delincuencia organizada en vías y fronteras.

Muchos piensan que son medidas ambiciosas para el poco tiempo que a priori estará en el cargo. No tiene tiempo que perder.