El sector minero necesita, al menos, seis cambios para consolidarse, dicen analistas

A diferencia de la campaña electoral, el presidente Daniel Noboa ha demostrado un creciente interés en impulsar la actividad minera en el país. Su gobierno espera atraer nuevas inversiones valoradas en $4.800 millones. Pero analistas consideran que para que este plan se consolide, se requieren al menos seis cambios y una visión a 30 años.

En el programa Políticamente Correcto del domingo 17 de marzo, Miguel Robalino, ingeniero experto en energía y minas, considera que el Gobierno debe, primero, priorizar el aumento de la producción de electricidad; de lo contrario, será imposible para el país iniciar nuevos proyectos mineros.

En ese sentido, explica que Ecuador tendrá un fuerte desafío, considerando que apenas en septiembre de 2023 el país sufrió una crisis energética que tardó cinco meses en estabilizarse y dos Gobiernos tuvieron dificultades en hacerle frente.

El segundo punto por tomar en cuenta, resalta Robalino, es la necesidad de reabrir el catastro minero, el cual ha estado cerrado desde 2018. Explica que este tipo de documentos facilita a las empresas extranjeras saber dónde pueden invertir en proyectos mineros a gran escala. Por su parte, el presidente Daniel Noboa aseguró el pasado 4 de marzo que reabrirá el catastro minero en los siguientes meses, aunque no habló de una fecha exacta.

En ese sentido, el experto en energía y minas sostiene que se debe pensar en un plan estratégico para mejorar la producción minera para los 30 próximos años.

María Amparo Albán, abogada especialista en temas ambientales y de sustentabilidad, adelantó en Políticamente Correcto que el Gobierno tendría listo el catastro minero a finales de 2025.

Cléver Jiménez, exprefecto de Zamora Chinchipe, desaprueba la intención del Gobierno de atraer más inversión en minería cuando, dice, todavía existe poca o nula normativa que regule este tipo de actividades a nivel nacional.

Por ello, Jiménez ve necesario como un tercer punto que se evalúe a fondo la situación económica de la minería a gran escala, así como a los demás sectores.

“Es necesaria una auditoría que controle a las empresas mineras, las transnacionales se lo llevan todo, no hay ganancia para el Ecuador”, reclamó el exprefecto.

Por otro lado, María Amparo Albán sostiene que las afirmaciones de Jiménez son incorrectas. “El Estado sí recibe las ganancias de los proyectos mineros, la Constitución dicta que el país debe recibir no menos del 50% de los beneficios que una empresa genere en este rubro”.

Como cuarto cambio, Cléver Jiménez exhorta a que se emita un reglamento que permita reestructurar las concesiones mineras que el Estado hace con las transnacionales. Además, pide que se permita evaluar todos los contratos mineros que Ecuador ha firmado desde el 2012.

Según Miguel Robalino, la minería ilegal se ha incrementado en un 261% en los últimos años. Esta problemática, dice la justica Albán, responde a la falta de permisos que, entre varios problemas, consideran a la minería artesanal de las comunidades amazónicas como parte de las actividades ilegales.

Frente a esta situación, el exprefecto Jiménez pide que desde el Gobierno se regule la actividad artesanal de las comunidades de Zamora Chinchipe y de las demás provincias.

“La minería ilegal ha permitido que la economía de las provincias mejore considerablemente, si se regula esta actividad, los pequeños mineros podrían pagar los impuestos en beneficio del Estado”, expuso.

Albán afirma que toda la información sobre los proyectos y concesiones mineras se manejan bajo un indicador de transparencia entre el Estado y las empresas. No obstante, la jurista profundiza en una sexta necesidad: que la Asamblea Nacional apruebe las leyes de consulta previa y ambiental, a pesar de que el Ministerio de Energía y Minas haya emitido un manual sobre el primer punto días antes.

Jiménez criticó que en el manual del Gobierno se establezca que la consulta previa no sea vinculante, lo que implica que el Estado pueda llevar a cabo proyectos mineros a pesar de una negativa por parte de las comunidades consultadas. “¿Entonces de qué sirve una consulta previa, si igual el Gobierno va a desconocerlo?”, añadió el panelista en Políticamente Correcto.

En respuesta, Albán señaló que la condición de no vinculante fue aceptada previamente por la Corte Constitucional, por lo que el manual de consulta previa, emitido el pasado 6 de marzo, no puede contravenir la Constitución de la República.

Te puede interesar: Daniel Noboa eleva el IVA al 15 %, vía Decreto Ejecutivo