¿Qué pasará con la candidatura de Jorge Yunda?

Un ambiente de expectativa se ha generado en la capital luego de que la Junta Provincial Electoral de Pichincha calificara la candidatura de Jorge Yunda para los comicios del próximo año.

Su inscripción se resolvió con el voto de la presidenta de la Junta Electoral, María Belén Mieles, y los vocales Rafael Carpio y Tomás Guerrero. Otros dos vocales no asistieron, informó el CNE.

Ahora, se espera que esta sea notificada públicamente y posteriormente se abrirá una fase de impugnaciones y apelaciones. Eso implica que todavía quedan las instancias de objeción ante la misma Junta, la impugnación en el Pleno del CNE y el recurso subjetivo contencioso electoral en primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Finalmente hay el de apelación con el Pleno del TCE. "Una vez que estén agotadas todas las instancias, se considera una candidatura calificada en firme", se indicó en el CNE.

No obstante, para David Meza, abogado del exBurgomaestre, la candidatura ya fue inscrita el pasado lunes 22 de agosto y había dos días para formular objeciones, pero nadie las hizo. "La candidatura ya está calificada. El doctor Jorge Yunda ya podrá estar en la papeleta".

Lo indicó con base en el artículo 19 y 20 del Reglamento de Inscripciones Candidaturas del CNE. "Si en este plazo no existieran inconformidades con las candidaturas presentadas por inhabilidades legales, el Pleno del CNE, Junta Provincial Electoral o Junta Especial del Exterior, en el plazo de dos días procederán con la calificación", dice la norma.

Con corte a las 17:28 del martes 30 de agosto del 2022, la defensa legal de Yunda indicó que nadie presentó otros recursos. "Tienen dos días más para impugnar, pero es difícil porque no hubo objeción. Sin esta no hay impugnación", manifestó Meza a Ecuavisa.com.

Si nadie impugna hasta la medianoche del 31 de agosto, la candidatura de Yunda quedará en firme y oficializada. Él busca participar en los comicios por los movimientos que conforman la alianza Juntos por la Gente: Pachakutik, Pueblo Igualdad Democracia (PID) y Mover (antes Alianza PAIS).

A los candidatos a la Alcaldía de Quito no les sorprende que la candidatura de Yunda haya sido calificada por Junta Provincial Electoral de Pichincha. Para Jessica Jaramillo, del movimiento Todos, lista 70, el caso del exBurgomaestre debió resolverse hace menos de un año. "El TCE ha dejado vencer los plazos para que esto se cumpla. El sistema de justicia y la parte contenciosa electoral es muy manoseada y susceptible a las conveniencias políticas".

A su juicio, si los derechos le asisten a Yunda, él puede competir y la gente le dirá en las urnas lo que está pensando.

Lo mismo manifestó Patricio Alarcón, quien busca ser alcalde por el Partido Social Cristiano (PSC). Dijo que él está en su derecho de candidatizarse porque aún no tiene una sentencia ejecutoriada. "Hay varios aspirantes de la misma tendencia política que aspiran a la Alcaldía y se van a disputar los votos. Eso dará más oportunidad a los otros candidatos que piensan en un modelo diferente".

Natasha Rojas, de la Unidad Popular, se autocalificó como la única candidata de izquierda que busca llegar al Palacio Municipal en los comicios del 2023, cuyas propuestas le diferencia de otros aspirantes. "En el ámbito de la democracia, será la ciudadanía la que tomará la determinación de quién apoyará".

La situación de Yunda ha causado inquietud debido a la resolución del TCE con la que le suspendieron sus derechos políticos el pasado 19 de agosto del 2022. No obstante, el aspirante a la Alcaldía y su equipo legal descubrieron que un funcionario cercano al actual alcalde de Quito, Santiago Guarderas, redactó la sentencia del TCE.

Presentaron la nulidad para que la resuelva el pleno del TCE. Para el exBurgomaestre y su equipo legal, existieron figuras de prevaricato, fraude procesal, falsedad ideológica y concurso real de infracciones y otras posibles anomalías.

Meza indicó que la Fiscalía General les notificó, a las 16:00 de hoy, que se abrió la investigación previa en contra del juez y el exabogado de Guarderas, quien es funcionario del Concejo Metropolitano. Acotó que la fiscal provincial Ruth Amoroso se encargará del caso.

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