15 may 2024 , 16:38

El proyecto para crear Unidades Judiciales Especializadas se presentó a las Cortes Nacional y Constitucional

Las nuevas dependencias podría superar un presupuesto de USD 13,8 millones.

El proyecto de creación de Dependencias Judiciales Especializadas en Garantías Jurisdiccionales avanza con su socialización a las diferentes instancias del Estado. El 14 de mayo, las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) expusieron el plan al Presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing; y al Presidente de la Corte Constitucional (CC), Alí Lozada.

Álvaro Román, presidente de la Judicatura, destacó la importancia que tiene la retroalimentación interinstitucional.

También recordó que, desde que la Corte Constitucional aprobó el pliego de preguntas para la Consulta Popular del pasado 21 de abril del 2024, la institución arrancó con el análisis técnico para el establecimiento de Judicaturas Especializadas en Materia Constitucional y se trabajó en un proyecto preliminar.

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Hoy, el documento plantea que las nuevas judicaturas podrían establecerse en distritos y que se organizarían en Unidades Judiciales y Salas de Cortes Provinciales. Se prevé que cada juez cuente con un equipo de apoyo para el despacho de estas causas.

El presupuesto de las unidades especializadas supera los USD 13 millones

Según el cálculo de las áreas técnicas del Consejo de la Judicatura, el costo operativo de las nuevas dependencias podría superar los USD 13,8 millones.

Previamente, la institución informó que se requerían cerca de USD 15 millones. Para ello, "se trabajará de manera conjunta con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Nacional para la asignación de recursos", aseguró Álvaro Román, el pasado 6 de mayo.

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También detalló que las Unidades Especializadas se distribuirían en cinco Distritos, con 43 jueces para Unidades Judiciales y 48 para Salas Especializadas, además de personal de apoyo. Román detalló que todo dependerá de la carga procesal.

Las unidades judiciales buscan detener abusos

La propuesta tuvo como objetivo "detener el abuso de las garantías constitucionales", según expresó el presidente Daniel Noboa.

Anteriormente, cualquier juez de primer nivel, de cualquier materia, podía conocer y resolver una acción de garantías jurisdiccionales, lo que permitió a narcotraficantes y criminales recuperar su libertad mediante habeas corpus concedidos por jueces de otras competencias, como los de la niñez o el tránsito.

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El proceso que sigue implica enmendar la Constitución de la República y reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Además, el próximo año el Consejo de la Judicatura deberá convocar a un nuevo concurso para seleccionar jueces constitucionales especializados en el análisis y resolución de habeas corpus, habeas data, peticiones de medidas cautelares, entre otros.

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