El proyecto de reforma que permite bases militares extranjeras fue analizado por delegados de la Judicatura y la Corte Nacional

El proyecto de reforma constitucional, referente a la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador, continúa tratándose en la Comisión Ocasional de la Asamblea. En la última reunión, recibió criterios y opiniones de los delegados de instituciones del Estado y expertos en seguridad.

La idea es recolectar la mayor cantidad de aportes posibles para el informe para primer debate.

El representante de la Corte Nacional de Justicia, José Terán, destacó la cooperación internacional en materia de seguridad. Señaló que, “según el artículo 416.1 de la Constitución, las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán solo a los intereses del pueblo ecuatoriano”.

Por otro lado, destacó que Tratados y Convenciones, de las que Ecuador es signatario, como la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia (2000), permiten entender a la cooperación como una herramienta que cristaliza los esfuerzos en materia de seguridad y fomenta la lucha contra el crimen organizado.

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, destacó que si se establecen bases militares extranjeras, el rol de la justicia frente a posibles casos de vulneraciones a Derechos Humanos, será técnico con base en la Constitución y la soberanía nacional.

A su criterio, de aprobarse la reforma, “sería necesario establecer, en el acuerdo de instalación de la base militar extranjera, la jurisdicción y competencia con la que se actuará, pero siempre sobre la base de la normativa ecuatoriana. La Constitución, en sus artículos 424, 425 y 426 la establecen como la norma suprema y de respeto absoluto”.

José Luis Castillo, experto en seguridad y desarrollo, alertó sobre la “imposibilidad humana” que enfrenta actualmente la fuerza pública nacional en el combate contra el crimen organizado transfronterizo".

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“Ecuador se encuentra en una situación geoestratégica favorable para este tipo de crimen, por su amplio territorio marítimo, que supera 5 a 1 al territorio continental, además de sus 531 kilómetros de frontera”.

Las fuerzas policiales y militares se ven imposibilitadas de controlar tan amplio territorio, sobre todo marítimo, por el que sale aproximadamente el 80% de la droga al continente europeo. Agregó que, en 2023, "Ecuador fue el mayor exportador de coca a Europa con más de 400 toneladas”.

Francisco Trejo, también experto en seguridad, mencionó que, de aprobarse, las bases deben ser establecidas con un carácter de interagenciales, priorizando el componente de Inteligencia, para enfrentar de manera integral la problemática de la expansión del crimen organizado en el Ecuador.

Para el experto, esto significaría que los militares extranjeros no operarían directamente en territorio nacional, sino que brindarían soporte, asesoramiento, e información de inteligencia para que las fuerzas del orden del Ecuador realicen las intervenciones.

Una vez concluida la sesión, Gissela Garzón, presidenta de la comisión ocasional, solicitó a los comparecientes enviar sus criterios por escrito a fin de sistematizarlos en el informe para primer debate del proyecto de reforma que el Pleno conocerá próximamente.

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