Protección de México a correístas desata protestas

Unos 200 ciudadanos protestaron el miércoles ante la embajada de México en Quito por la "protección y reguardo" que brinda esa legación a seis correístas, entre ellos cuatro asambleístas.

 

La manifestación ante la sede diplomática, que permanece protegida por la Policía, se produjo tras la reciente crisis social en Ecuador, en la que el mandatario Lenín Moreno acusó a Correa y a Nicolás Maduro de activar un plan de desestabilización en su contra. Ambos líderes de izquierda niegan esos señalamientos.

 

El político Andrés Páez, opositor a Correa, indicó por Twitter que "el plantón de hoy frente a la Embajada de México nace de una convocatoria ciudadana y su carácter es PACÍFICO".

 

Con carteles ante la embajada mexicana, en el norte de la capital, los manifestantes reclamaban "cárcel para terroristas y corruptos" y pedían al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que "no proteja a delincuentes" y que tampoco les conceda asilo.

 

En medio de las fuertes manifestaciones registradas durante doce días en Ecuador contra la eliminación de subsidios a combustibles y la consecuente alza de precios de hasta 123%, Moreno también indicó que Correa, quien vive en Bélgica, se había reunido con allegados en Caracas con fines conspiradores.

 

Seis correístas, incluidos cuatro asambleístas como Gabriela Rivadeneira, empezaron a refugiarse desde el pasado sábado en la embajada de México en Quito.

 

"Nuestro país reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política", indicó el gobierno mexicano en un comunicado.

 

"Aquí se esconde el cartel de Correa", se leía en una pancarta de los manifestantes.

 

Tras empezar las protestas, el 2 de octubre, Rivadeneira planteó al Parlamento que convocara una sesión extraordinaria para resolver la "destitución del presidente Moreno" y el "adelanto de elecciones", lo que es compartido por Correa.

 

La prefecta correísta de la provincia de Pichincha (cuya capital es Quito), Paola Pabón, también está detenida desde el lunes para ser investigada por rebelión, un delito castigado con penas de cárcel de cinco a siete años.

 

La crisis social acabó con un acuerdo entre Moreno y la dirigencia indígena el domingo, por lo que se derogó el Decreto 883 que eliminó los subsidios.

 

El martes disminuyeron los precios de los combustibles a los niveles previos, así como las tarifas del transporte público.