Procuraduría señala que Contraloría "tiene la obligación" de entregar información a asambleístas

La Procuraduría General del Estado (PGE) señaló que la Contaloría General del Estado (CGE) "tiene la obligación" de entregarle información a los legisladores sobre las resoluciones de este último organismo en las que se haya determinado "responsabilidades administrativas y civiles" de personas naturales o jurídicas, aunque especificó que los datos deben "mantener la reserva".

Este miércoles 22 de septiembre el titular de la PGE, Íñigo Salvador, emitió su pronunciamiento sobre la consulta que le planteó el contralor subrogante Carlos Riofrío el 6 de este mismo mes.

Riofrió preguntó si la CGE debía remitir información a la Asamblea Nacional sobre "exservidores, servidores públicos, personas naturales y jurídicas de derecho privado que tienen responsabilidades administrativas culposas, responsabilidades civiles (glosas y órdenes de reintegro) e informes con Indicios de Responsabilidad Penal".

El contralor subrogante dudaba si la información debía o no ser revelada incluso cuando algunos de estos trámites están en "proceso de juzgamiento de cuentas", es decir los involucrados aún están defendiéndose en instancias administrativas y judiciales.

Aunque la respuesta de la PGE fue a favor de que se revele la información, precisa que esta solo podrá ser enviada "siempre que el requerimiento se motive en procesos de fiscalización y control político" y que por ser actos administrativos gozarán de presunción de inocencia, "sin perjuicio de su posible impugnación judicial por parte de los sujetos de control".

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ha sido uno de los parlamentarios que solicitó información a la CGE, especificamente de sus colegas. Él ha denunciado que entre 30 y 32 legisladores tienen predeterminaciones de la Contraloría.

Como el organismo de control había calificado la información de los asambleístas como reservada, Villavicencio indicó que el titular de ese organismo estaba "encubriendo" presuntas acciones de corrupción.

"La Contraloría General del Estado no encubre a nadie ni ha declarado secreta ninguna información", expresó Riofrío en un comunicado difundido el pasado 6 de septiembre.

En ese mismo mensaje, Riofrío añadió que después de que tenga una respuesta de la PGE le iba a contestar a Villavicencio "respecto a la información solicitada" el 27 de agosto.

El 16 de ese mismo mes, Villavicencio denunció en la Fiscalía a los excontralores Pablo Celi y Carlos Pólit porque presume que ambos habrían liderado una estructura de corrupción en la CGE que habría operado "en los últimos 15 años".

El asambleísta no solo acusó a Celi y a Pólit, sino que pidió que se investigue a más de 30 funcionarios y excolaboradores de la CGE. Según el legislador, toda esta red habría sido la responsable de desaparecer informes con indicios de responsabilidad penal y desvanecer glosas, perjudicando al Estado con más de 1.000 millones de dólares.