Procuraduría califica como "boicot" la no aprobación del informe sobre la Ley de Repetición

El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, calificó como "un boicot" la decisión de no aprobar el informe para primer debate del proyecto denominado Ley Orgánica de Repetición.

El documento fue presentado en la Asamblea Nacional, en julio pasado, por el mismo Salvador y, según expuso el funcionario, iba a servir como un mecanismo para recuperar el dinero que Ecuador desembolsa para indemnizar a quienes ganan un juicio contra el Estado.

De acuerdo al procurador, esos fondos deben restituirlos los funcionarios que con sus decisiones violan los derechos de terceros.

Sin embargo, el proyecto de ley no avanzó en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, donde se lo tramitaba.

Y es que los legisladores José Agualsaca, Sofía Espín, Jhajaira Urresta y Fausto Jarrín, todos de UNES, votaron en contra de la aprobación del informe. A ellos se les sumó Ricardo Vanegas, de Pachakutik, quien se abstuvo de votar.

"Lo ocurrido hoy es un boicot de los asambleístas de UNES, a quienes no les interesa la recuperación de los recursos del Estado y defienden a ultranza a sus líderes, quienes provocaron que el país pague cuantiosos recursos por decisiones arbitrarias en contra de la Constitución y la ley", señaló la Procuraduría en un comunicado.

Jarrín defendió su postura y sostiene que la ley es "inconstitucional" y serviría para perseguir, además -dice Jarrín- se violarían procedimientos.

"En mi calidad de abogado aprobar una ley claramente inconstitucional producto del empleado de las transnacionales que se allana a las demandas contra el Ecuador no está en mis posibilidades morales ni éticas", precisó.

Para el presidente de la Comisión, el proyecto de ley aún no se ha desechado por completo y debe ser conocido por el pleno del Parlamento. Además, Vanegas ha pedido la reconsideración del documento.

En el último laudo arbitral que perdió Ecuador por el caso Perenco, el país fue sentenciado a pagar 374 millones de dólares más gastos judiciales e intereses. La demanda surgió por cambios en los contratos realizados en el gobierno de Rafael Correa.