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La postura de las FF.AA. y la Policía puso fin a la tensión política entre Noboa y Abad por el encargo de la Presidencia
Para el exjuez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, los uniformados tomaron una posición política ajena a una democracia constitucional.
La fuerza pública dirimió la confrontación política entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bloquearon su aspiración a asumir la Presidencia de la República, desde este domingo 5 de enero, cuando arrancó la campaña electoral.
Abad, en un video publicado el sábado 4, pidió apoyo a las Fuerzas Armadas para reemplazar a Noboa, pero no lo consiguió.
La cúpula militar le respondió, mediante un comunicado, que están vigentes dos decretos ejecutivos del presidente Noboa. El 490, que la envió a la Embajada de Ecuador en Turquía, y el 494, en el que designó a Cynthia Gelliberth Mora como su reemplazo temporal.
Las Fuerzas Armadas justificaron su decisión al señalar que son obedientes y no deliberantes y que acatan las disposiciones del Presidente.
¿Una postura deliberante?
Para el exjuez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, las Fuerzas Armadas tomaron una posición política ajena a una democracia constitucional. Él considera que sí fueron deliberantes, empezando porque en el documento público realizaron un análisis constitucional de esos decretos.
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Agregó que las Fuerzas Armadas no tienen competencia para pronunciarse sobre actos jurídicos ni políticos.
"En este comunicado, al apoyar políticamente y al hacer una interpretación jurídica que no le corresponde, me parece que están siendo deliberantes y teniendo un rol que no les corresponde en una democracia constitucional"
Ávila también cuestiona la posición de la cúpula policial, que en los mismos términos de las Fuerzas Armadas, apoyó al Presidente en la confrontación política con Abad.
A su criterio, el Primer Mandatario apuesta por un aval que no es constitucional, sino "de facto".
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Sin embargo, para el jurista, el conflicto entre Noboa y Abad no ha terminado porque cualquier persona puede presentar una demanda de inconstitucionalidad al decreto sobre la designación de la vicepresidenta Gellibert. Y puede pedir medidas cautelares para suspender ese decreto.
"Yo creo que la Corte Constitucional ha demostrado, en general, que tiene independencia e imparcialidad", agregó Ávila.
Será entonces cuando los jueces constitucionales tendrán la última palabra.
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