Piden que Lasso revele quiénes son los asambleístas que habrían chantajeado al Ejecutivo

El director de la organización política Unidad Nacional, Geovanni Atarihuana, y el exalcalde de Guayaquil, Francisco Huerta, acudieron, de manera independiente, a la Fiscalía General del Estado (FGE) para pedir que se investigue a asambleístas y se exija al presidente Guillermo Lasso que revele los nombres de los legisladores que supuestamente habrían condicionado su apoyo al Ejecutivo a cambio de proyectos, cargos públicos o dinero.

Tras el archivo de la Ley de Atracción de Inversiones, Lasso, en un video difundido en sus redes sociales, dijo que esa normativa había sido negada porque "no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas y ministerios a cambio de sus votos".

"El colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al Gobierno", sostuvo el presidente. "Son ladrones y corruptos, hay que decirlo claro", añadió.

Previamente, en un evento en Quito, el jefe de Estado ya había adelantado que parlamentarios de Izquierda Democrática habían indicado que apoyarían la Ley de Inversiones si a Xavier Hervas, líder de ID, le eximían el pago de impuestos.

Todas estas declaraciones provocaron la reacción de Atarihuana y Montalvo, aunque este último no pudo oficializar su denuncia en la FGE porque no se la aceptaron.

- ¿Concusión? -

Para Atarihuana, la FGE debió haber iniciado una investigación de oficio, es decir de manera inmediata.

Sin embargo, al no existir aún un pronunciamiento de esa institución, él pidió a la Fiscalía que indague, por lo menos, un presunto delito de concusión.

Según el artículo 281 de la Constitución, los servidores públicos "que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados" con tres a cinco años de cárcel.

De acuerdo a Atarihuana, la primera diligencia debe ser "receptar la versión del presidente de la República".

"Él, que conoce el hecho, sabe los nombres, apellidos, de qué provincia y de qué fuerzas políticas (son los asambleístas)", aseguró.

Y señaló además que el mandatario está "obligado" a brindar esa información. "Si es que no da los nombres, miente. Y si conoce los nombres y no los da, es complice y encubridor de un delito", acotó.

De su lado, Francisco Huerta dijo a Ecuavisa.com que no le receptaron su denuncia en la Fiscalía de La Merced, ubicada en el centro de Guayaquil.

Señaló que los funcionarios de la FGE en el Puerto Principal le dijeron que la denuncia debe ser presentada en Quito.

Él coincide con Atarihuana en que el presidente debe identificar los nombres de los asambleístas que supuestamente han chantajeado al Ejecutivo.

Huerta aseveró que insistirá en su denuncia.