Patricio Carrillo: “La Policía no teme al delincuente, sino a la justicia”

La Policía Nacional tiene menos de 60 mil uniformados en sus filas para combatir contra cerca de 400 mil armas de procedencia ilícita y en manos de las bandas criminales en Ecuador.

Pero eso no es todo, las leyes parecen tampoco favorecer la labor de los agentes de la paz cuando se trata de defender su proceder profesional y humano en situaciones de seguridad.

En el programa Políticamente Correcto, el exministro del Interior Patricio Carrillo defendió el trabajo de los 53 mil policías regados en todo el territorio ecuatoriano. Sin embargo, asegura que las leyes son el principal talón de Aquiles que impide a la fuerza pública actuar con mayor firmeza.

“Los policías no le tienen miedo al delincuente, pero si a la justicia, porque no los respalda”, dice el excomandante de la Policía Nacional.

El caso Olmedo, dice Carrillo, es la principal muestra de la desventaja que los Policías hacia las bandas criminales. En 2021, un policía de Riobamba disparó contra dos asaltantes en situación infraganti. Uno de los ladrones perdió la vida, por lo que la justicia condenó a trece años de cárcel a Santiago Olmedo. Según el veredicto, el policía había actuado con extralimitación en el uso de la fuerza.

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El panelista Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, sostiene que el problema no son las leyes existentes en Ecuador, sino el proceder de los jueces y fiscales. “Tenemos que exigir más resultados a la Fiscalía, a la Judicatura y a la Corte Nacional”, dice.

En Ecuador, se ha llevado a cabo investigaciones contra más de 40 jueces y juezas por denuncias y quejas de los propios ciudadanos. También varios fiscales, por posible falta de ética y profesionalismo en casos de violencia, inseguridad y corrupción.

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Según la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral (Anesi), 120 mil guardias de seguridad privada se mueven en todo Ecuador. Casi tres veces más que la fuerza púbica. Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, también debatió en el panel y opina que los guardias privados deben asistir en el trabajo de los policías “con más armamento y libertad de acción”.

Para Heller, la ciudadanía y el Estado deben apoyar el trabajo que la fuerza policial hace contra la inseguridad “porque es el único ente que hace algo por enfrentarse al mayor problema de los ecuatorianos”, asegura.

Rivera sostiene que la solución no es necesariamente armar a más ciudadanos. Las instituciones estatales y de Gobierno deben encontrar nuevas alianzas y planes de seguridad para combatir la ola de criminalidad que se sostiene cada vez con más fuerza en el país.

Si las cifras de inseguridad y crímenes siguen al alza, Ecuador cerraría el 2023 con un 30% más de índices violentos que en 2022. Patricio Carrillo asegura que todo lo anterior es un “cúmulo de estrategias” y planes de ingobernabilidad que buscan fortalecer un nuevo gobierno criminal con más fuerza y poder que en Gobierno estatal.

Heller, Rivera y el exministro Carrillo están de acuerdo en que nuevas mesas de diálogo entre Guillermo Lasso y los demás sectores del país se unifiquen en un nuevo plan de seguridad. Hasta entonces, dicen, las empresas deben verificar la proveniencia de economías ilegales en el mercado nacional y golpear el bolsillo de los criminales.

La Policía aumentará sus filas en 8 mil policías en mayo del 2023, oxígeno que puede ayudar a contener la inseguridad, hasta que una solución verdadera llegue.

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