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Opiniones divididas en la Asamblea sobre la reforma a la ley de extinción de dominio
El primer debate de la cuarta ley urgente sobre la extinción de dominio del presidente Daniel Noboa se realizó durante esta jornada.
El proyecto económico urgente del ejecutivo que reforma la ley de extinción de dominio tiene el respaldo de los legisladores en su intención de agilitar el proceso para que bienes de origen ilícito pasen al Estado. Sin embargo, no todos están de acuerdo en que esto proceda sin una sentencia previa.
El informe de la Comisión determina que este proceso es exclusivamente sobre el patrimonio que no coincide con los ingresos de la persona, por lo que es independiente de otras causas penales y, por tanto, no requiere sentencia.
Nathaly Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, argumentó:
"El desmantelamiento de las financias de la delincuencia organizada requiere que el procedimiento de extinción de dominio sea autónomo e independiente del proceso penal".
Sin embargo, el Correísmo tiene dudas y el Partido Social Cristiano ha mostrado su desacuerdo con que el proceso de extinción de dominio se inicie sin que el propietario de los bienes haya sido sentenciado por un delito de crimen organizado o corrupción. La Corte Constitucional, según ellos, exige ese paso, así lo dijo Jorge Álvarez, asambleísta Socialcristiano.
"El día de mañana los pillos van a demandar al Estado y van a reclamar que se devuelvan sus bienes y que encima de eso se indemnice con millonarias cantidades de dinero bajo el argumento que se le vulneró los derechos".
La bancada de Construye dice que se está interpretando mal el dictamen de la Corte Constitucional y que al tratarse de otro proceso distinto al penal, se puede seguir sin sentencia, Jorge Peñafiel lo argumenta:
"La sentencia de la Corte Constitucional habla del debido proceso, como una de las garantías que se tiene que asegurar; el debido proceso está recogido en la ley, en la propuesta de reforma de ley".
El proyecto propone que la investigación de extinción de dominio, que tiene un plazo de un año quede en seis meses, deja abierta la posibilidad de que se proceda sobre todos los delitos de crimen organizado y los que se puedan crear, además pone una prescripción de 80 años para estos procesos.
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Luego de la sesión, la Comisión debe recoger observaciones e incluirlas en el texto que se votará en el segundo y definitivo debate.
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