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Daniel Noboa propone reforma parcial a la Constitución para endurecer la prisión preventiva para criminales y terroristas
Las medidas de prisión preventiva constan en el artículo 77 de la Constitución. Aún no se detalla cuáles son los cambios que busca.
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Daniel Noboa en un evento en Guayaquil el 4 de febrero. ( )
El presidente-candidato Daniel Noboa propone una reforma parcial a la Constitución "para fortalecer la prisión preventiva contra criminales terroristas y cualquiera relacionado a la delincuencia organizada". El anuncio lo hizo la mañana de este miércoles 5 de febrero mediante sus redes sociales.
La Presidencia dijo que se busca que los jueces puedan dictar prisión preventiva inmediata, en lugar de otras medidas alternativas, a quienes estén acusados por delitos relacionados con el terrorismo y crimen organizado, en los términos que establezca la ley.
El Ejecutivo resalta que esos delitos tienen alto riesgo y probabilidad de fuga. Por lo que la reforma "garantizará que los acusados enfrenten la justicia y no regresen a las calles".
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La iniciativa pasará por el filtro de la Corte Constitucional. Si hay luz verde se tramitará en la Asamblea Nacional, en donde de aprobarse se enviará a un referéndum.
Las medidas de prisión preventiva constan en el artículo 77 de la Constitución. Por ejemplo, se indica que la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.
Propuestas de Noboa para modificar la Constitución
Noboa ha tenido varias iniciativas para modificar la Constitución. Una de ellas busca permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país. La misma contó con el aval de la Corte Constitucional y a la fecha se tramita en la Asamblea Nacional.
Buscó excluir a las personas privadas de la libertad de los grupos prioritarios de atención, pero la Corte no dio paso a esta propuesta.
También propuso eliminar la asignación de recursos del Estado a las organización políticas.
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