No hubo quórum en la Asamblea Nacional para tratar la Ley de Seguridad Integral
Incremento de penas para robo, terrorismo y la clarificación del delito de vacuna son algunas de las bases de la Ley de Fortalecimiento Institucional y Seguridad Integral.
Era otra sesión, que no tenía que ver con las pugnas de la Asamblea Nacional, la justicia y el Consejo de Participación Ciudadana, pero Correístas, Socialcristianos y sus aliados dijeron mejor no vamos, y no dieron quórum.
¿Qué se iba a tratar?, la ley de fortalecimiento institucional y seguridad integral que entre otros temas, aclara la tipificación del delito de extorsión, conocido como vacunas, y le pone una pena que pasó de 7 a 10 años de prisión.
"Estableciendo sanciones estrictas para estas personas que extorsionan a los negocios con pago de cuotas diarias, semanales, quincenales", así lo indicó el asambleísta Ramiro Narváez.
Pero no es todo, incrementa la pena para el delito de robo con arma blanca o de fuego pasa de 5 a 7 años de cárcel. El terrorismo con agravantes podría llegar a una pena de 21 años.
Narváez también argumentó: "Hay graves sanciones para aquellas personas u organizaciones delictivas que recluten a menores de edad para cometer actos delictivos".
La norma rediseña el sistema de Rehabilitación Social. Crea el subsistema de inteligencia penitenciaria, muchos de los agravantes de los delitos suman penas por haber sido ordenados desde las prisiones.
También en cuanto a la justicia revisa la cooperación eficaz, la flagrancia, la prisión preventiva y en el caso de prevaricato de jueces y árbitros la sanción pasa de 5 a 10 años de prisión.
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Pero sí bien no pudo ser aprobada el domingo, puede ser tratada luego, cuando los asambleístas regresen de sus vacaciones.
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