Muerte Cruzada en Ecuador: ¿cómo enfrentará el Gobierno la inseguridad?

La mañana de este miércoles 17 de mayo, en cadena nacional, finalmente el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció al país que ha decretado la denominada muerte cruzada, un mecanismo legal que le permite la Constitución para disolver a la Asamblea y ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar a elecciones dentro de siete días.

Pero, ¿qué facultades tiene ahora el presidente en temas de seguridad? Sobre todo cuando el país lleva dos años enfrentando una grave crisis social por la disputa de las mafias del narcotráfico en el intento de sacar droga desde Ecuador a países de Centroamérica y Norteamérica, así como a Europa y otros continentes.

Y, aunque durante las primeras horas desde que entró en vigencia la muerte cruzada, las prioridades del Gobierno de Lasso, que ahora debe cogobernar con la Corte Constitucional (CC), se han centrado en enviar a ese organismo el decreto de reforma tributaria, y se espera que lo siguiente que hagan sea entregar la reforma laboral, pero nada se ha hablado sobre temas de seguridad.

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Consultado el ministro del Interior, Juan Zapata, contestó que en las próximas semanas evaluarán qué medidas se van a tomar alrededor de estos temas, mientras tanto existe un estado de excepción vigente para tres cantones de Guayas y las provincias de Santa Elena, Los Ríos y Esmeraldas, localidades que han sido golpeadas por cientos de crímenes e incluso atentados con artefactos explosivos.

Hay que recordar que los asambleístas salientes dejan aprobada la Ley de Seguridad Integral que fue enviada por el primer mandatario a la Asamblea en 2022 y que pasó en segundo debate el 5 de enero de 2023. La Ley de Seguridad Integral incluye una serie de reformas en materia de seguridad, entre ellos un rediseño de la institucionalidad del sistema nacional de rehabilitación social frente a la crisis carcelaria, y también se incluyen cambios al Código Integral Penal que están vigentes desde el 12 de mayo que se publicó en el Registro Oficial.

Desde la llegada de Lasso al poder en mayo de 2021, se han decretado 11 estados de excepción, 10 de ellos están relacionados con la inseguridad. Algunas de estas declaratorias estuvieron acompañadas de medidas adicionales como toque de queda y la presencia de militares durante operativos, cárceles, espacios públicos y hasta privados.

Según el artículo 164 de la Constitución, el Presidente de la República puede ordenar el estado de excepción por agresión, conflicto armado, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural.

Pero, en medio de la actual situación que vive el país, Lasso no podrá promulgar decretos-leyes en asuntos de seguridad como ya lo ha hecho con la reforma tributaria o como lo haría en las próximas horas con la reforma laboral.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, reiteró que durante este periodo excepcional en que la Asamblea Nacional no está en funciones, el presidente solo tiene la facultad de intervenir con decretos relacionados a temas urgentes en materia económica, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.

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Así las cosas, Guillermo Lasso sí podrá seguir decretando estados de excepción en su intento de combatir a los grupos delictivos a través de medidas de control que solo se permiten bajo esa figura, pero que no han dado resultados efectivos. Sin embargo, quedan pendientes las reformas sustanciales que garanticen resolver con urgencia uno de los problemas más graves del país.

Antes de terminar su mandato, el Primer Mandatario, tiene la tarea de cumplir a los ecuatorianos con una de las deudas más grandes de este Gobierno. Le quedan aproximadamente seis meses, cuando sea reemplazado por las nuevas autoridades que se elijan mediante elección popular, si es que no intenta ir a la reelección, para intentar encontrar, al fin, el camino que le permita combatir a la delincuencia organizada.