México, el destino de exfuncionarios prófugos

Este jueves 13 de agosto se confirmó que la exministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), María de los Ángeles Duarte, se encuentra en la residencia de la embajada de Argentina en Quito.

 

Aunque no se ha asegurado todavía si ha solicitado asilo a ese país, Duarte ya forma parte de una larga lista de exfuncionarios y militantes del correísmo que tienen cuentas con la justicia ecuatoriana pero han buscado protección diplomática de otros estados. 

 

El primero que huyó de Ecuador fue el exsuperintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, en octubre de 2018, meses después de su censura y destitución por parte de la Asamblea Nacional.

En enero de 2019 un juez  le dictó orden de prisión preventiva por falsificación de documento público. Él pidió asilo al entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, pero su renuncia le obligó a salir con destino a México, país que en agosto de 2019 le otorgó el carnet de refugiado humanitario.

En octubre de 2018 la entonces asambleísta Sofía Espín salió de Ecuador rumbo a Bolivia, mientras la justicia le investigaba por el delito de oferta de tráfico de influencias.

Un mes después fue destituida del cargo y solicitó refugio al gobierno de Morales. Por la crisis en esa nación salió a México con protección internacional. Finalmente la Fiscalía se abstuvo de acusarla y la orden de prisión fue levantada. 

En abril de 2019 el excanciller Ricardo Patiño también huyó a México, antes de que se emita la orden de prisión preventiva en su contra, por el delito de instigación.

 

Seis meses después, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le otorgó el asilo político.

 

De todos los exfuncionarios correístas, la fuga de Fernanado Alvarado, exsecretario de Comunicación, fue la más sorprendente.

 

Mientras enfrentaba a la justicia por el delito de peculado, en octubre de 2018 se quitó el grillete electrónico, partió a Venezuela y se refugió en Caracas, ciudad en la que también está su hermano, Vinicio, sentenciado a ocho años de prisión por el caso "Sobornos".

Tras las violentas manifestaciones de octubre de 2019, los legisladores de la denominada Revolución Ciudadana: Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía,  Carlos Viteri y Luis Molina se refugiaron en la embajada de México en Quito.

 

Tres meses después, en enero de este año, el Gobierno mexicano les concedió asilo político.

En esta última nómina también consta el expresidentente de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Edwin Jarrin, esposo de Buendía.