Organizaciones sociales insatisfechas con respuesta del Gobierno sobre temas de seguridad, justicia y derecho

Luego de una semana la Mesa de Seguridad, Justicia y Derecho se reinstaló este jueves 22 de septiembre en medio de la inconformidad de los integrantes de organizaciones sociales.

Ellos habían planteado una serie de pedidos al Gobierno Nacional y recibieron una contestación de más de 40 hojas, pero no los satisfizo porque -señalan- no existen respuestas en concreto.

Las organizaciones sociales habían pedido revisar cada uno de los procesos judiciales contra líderes indígenas que participaron en las manifestaciones de junio pasado.

Además, solicitaron que se revisen los procesos de otro grupo investigado por aplicar la justicia indígena en sus territorios.

"No hay ningún tipo de respuesta, solo hay una explicación", señaló este jueves Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie.

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En temas de seguridad ciudadana, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocín) volvió a criticar las preguntas del proyecto de consulta popular que impulsa el Gobierno Nacional.

La Mesa de Seguridad, Justicia y Derecho tiene otros tres días para encontrar coincidencias y dejarlas plasmadas en un acta de cierre de mesa.

Este jueves también se reinstaló la Mesa de Derechos Colectivos con cuatro nuevos temas. El miércoles se resolvió el primero: el Gobierno acogió el pedido de autonomía administrativa y financiera del sistema de educación intercultural bilingüe.

El diálogo entre el Gobierno Nacional y el movimiento indígena comenzó el pasado 13 de julio con un plazo de 90 días para abordar con mayor detalle en diez mesas temáticas el pliego de demandas de las organizaciones, que protestaron contra la carestía de la vida y las políticas económicas del Ejecutivo.

Hasta ahora, los principales acuerdos de las mesas de diálogo se han dado en condonación de deudas vencidas de hasta 3.000 dólares y en una moratoria de un año para la concesión de exploración y explotación de una quincena de bloques petroleros en la Amazonía.

También se ha acordado una moratoria para no otorgar nuevas concesiones mineras en territorios indígenas hasta que se apruebe la ley de consulta previa, libre e informada.

Las mesas de diálogo fueron establecidas como parte del acuerdo de paz suscrito por el Gobierno y las organizaciones indígenas y campesinas, que aceptaron cesar las protestas después de que el Ejecutivo aceptase reducir el precio de los combustibles subsidiados en 15 centavos de dólar por galón y derogase un decreto que promovía la industria petrolera.

Las movilizaciones se produjeron entre el 13 y 30 de junio y dejaron un saldo de siete fallecidos, entre ellos seis manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos; y un militar, además de al menos medio millar heridos entre protestantes, policías y militares.