Los poderes del Estado en crisis: Legislativo, Judicial, Electoral y Participación atraviesan problemas

En la Constitución de 2008 se decidió que en Ecuador haya cinco poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y de Participación; todos enfrentan problemas de diferente índole: pugnas internas y con otras instituciones, debilidad institucional, trabas administrativas, etc.

El presidente Guillermo Lasso llega a la etapa final de su Gobierno, tras dictar la muerte cruzada con la que cesó a la Asamblea Nacional y evitó que avance el juicio político en su contra por supuesto peculado en Flopec.

El Mandatario estará en funciones hasta diciembre de 2023. A pocos meses de retirarse del cargo, no ha logrado solucionar los problemas que aquejan a los ciudadanos. Coches bomba, crisis carcelarias, asesinatos en ascenso y secuestros se han convertido en el 'pan de cada día'.

Ante esa situación, el Gobierno se defiende argumentando que han logrado récord de incautación de droga y que la violencia es la reacción de las bandas criminales.

Tampoco ha podido concretar su plan de Gobierno, más allá de la vacunación contra el Covid-19, el incremento del Sueldo Básico Unificado y la reducción del índice de la desnutrición crónica infantil. Queda pendiente la creación de empleo, la construcción de una nueva vía que conecte Quito- Guayaquil y una firme política anticorrupción.

Además, la Corte Constitucional no ha dado paso a la mayoría de los decretos ley de materia económica, argumentando que no son urgentes.

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La Asamblea Nacional, elegida por los ecuatorianos en 2021, alcanzó los niveles de aceptación más bajos de su historia.

Escándalos de corrupción, declaraciones desatinadas y una mayoría conformada contra el Ejecutivo impidió que avancen en el trabajo Legislativo.

Los nuevos asambleístas ya fueron electos; sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no pudo garantizar el voto en el exterior, por lo que, al repetir esos comicios, todavía son inciertas cuántas curules tendrá cada organización política ni cómo se organizarán las bancadas.

Además, se retrasará la posesión del nuevo Parlamento, es decir, más tiempo sin fiscalización ni producción legislativa.

El Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y la Fiscalía se han enfrentado en los últimos meses entre instituciones.

La Judicatura fue protagonista del último evento. El presidente de ese organismo, Wilman Terán, y el vocal Xavier Muñoz destituyeron al juez Walter Macías, a cargo del caso en el que se investiga por presunto tráfico de influencias a los otros dos vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo. Esa decisión se tomó solo con los dos votos y ha desatado decenas de cuestionamientos.

La investigación nace de un audio en el que se escucha supuestamente a Maribel Barreno y Juan José Morillo en una conversación en la que hablaban de beneficiar a Guadalupe Llori, expresidenta del Legislativo, con una acción de protección.

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De hecho, la destitución de Macías se dio a pocos días de que el exmagistrado decidiera si llamaba a juicio o no a Morillo y Barreno.

A raíz de ese evento, la CNJ dio la espalda a Terán y le pidió la renuncia, a pesar de que esa corte puso el nombre del ahora funcionario como primero en la terna. El mismo rechazo vino desde la fiscal Diana Salazar.

Este 5 de septiembre de 2023, en una jugada similar, la Judicatura aprobó extender por nueve años los periodos de permanencia de siete jueces de la CNJ, tres de ellos integran el tribunal a cargo de conocer los recursos extraordinarios de revisión del caso Sobornos.

El Consejo Nacional Electoral resolvió repetir las elecciones en el exterior, luego de que el sistema utilizado para la votación telemática fracasara.

El mismo 20 de agosto, los ecuatorianos reportaban problemas para acceder al sistema; luego las autoridades reconocieron que incluso había inconsistencias numéricas.

Ante tal situación, los vocales del CNE decidieron repetir los comicios, esta vez de manera presencial. Sin embargo, algunos grupos políticos han interpretado esa decisión como una forma de beneficiar a unos sobre otros.

Además, los electores sufragarán conociendo los resultados de la primera vuelta. Por otro lado, en la norma consta que las elecciones de asambleístas deben hacerse en primera vuelta, es decir, coincidir con el balotaje final sería incumplir la ley.

Durante estas elecciones anticipadas, las diferencias en el seno del CNE también han sido notorias.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) tiene una función principal: nombrar autoridades de control. Sin embargo, desde su posesión han dedicado sus esfuerzos a apuntar a otros funcionarios.

Ya lo hicieron contra la fiscal Diana Salazar cuando se plantearon vigilar la tesis de grado de la Universidad Central, por supuesto plagio.

Ahora, intentaron revisar la designación y cese de jueces de la Corte Constitucional, ejecutado por el Consejo de Participación Transitorio, acatando la orden de un juez de Montecristi.

Sin embargo, la CC activó el mecanismo de seguimiento a su dictamen de 2019, en el que aclaraban que no podía revisarse lo hecho durante un régimen transitorio. Los magistrados pidieron explicaciones a los funcionarios involucrados, si determinan incumplimiento, las sanciones incluso llegan a la destitución.

La Corte Constitucional se ha convertido en la institución a cargo de zafar los enredos que se arman en otras. Por ejemplo, tuvo que frenar los deseos de Alembert Vera, presidente del Cpccs de crear la veeduría.

También es clave al momento de dar paso o no a los decretos ley del Presidente, asumiendo el rol de la Asamblea Nacional, mientras se designan a las futuras autoridades.