Leonidas Iza podría ser procesado por paralización de un servicio público e incitación a la rebelión

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, detenido la madrugada de este martes 14 de junio, podría ser procesado por los delitos de paralización de un servicio público e incitación a la rebelión, según lo anunció el gobernador de Cotopaxi, Oswaldo Coronel.

En entrevista en Contacto Directo, Coronel indicó que el máximo representante de la Conaie es el único aprehendido en la provincia.

Iza fue aprehendido en el sector de Pastocalle, cuando regresaba de visitar a los manifestantes que tenían tomada la vía Panamericana Sur desde la mañana de este lunes.

De acuerdo a la Conaie, en el arresto intervinieron grupos especiales de la Policía y el Ejército, quienes introdujeron a Iza en un vehículo al tiempo que el líder indígena pedía a uno de los manifestantes que no caiga en la provocación de los agentes que iban a por él.

Minutos después, el presidente de la República, Guillermo Lasso, informó que "se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales" de los actos violentos que se produjeron durante el primer día de protestas, donde hubo un vehículo de Policía incendiado, hostigamientos a agricultores, bloqueos de carreteras y la toma de una bomba de petróleo.

Iza está retenido en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado, en Quito.

La avenida Patria, donde se encuentra la Unidad de Flagrancia, estaba cerrada al tránsito vehicular hasta las 07:45.

Con la detención de Iza, la Conaie hizo un llamamiento a "radicalizar" la protesta iniciada el lunes.

Entre los principales reclamos de la Conaie está el alza del coste de vida, especialmente de los precios de los combustibles.

Asimismo, la Conaie exige moratorias de deudas, precios justos en los productos del campo como arroz, banano y leche, así como una moratoria que frene "la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera" y una "auditoría y reparación ambiental por los impactos socioambientales".

Junto a ello, demandan que se respeten 21 derechos colectivos, como a la educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta libre, previa e informada, y que no se privaticen sectores estratégicos.