05 mar 2023 , 08:33

Lasso dispone contestar todo lo que la Fiscalía requiera, pero dice que el informe aprobado en la Asamblea carece de sustento

El Gobierno rechaza el informe con el que se pretende destituir al Presidente de la República

   

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró que el informe aprobado el sábado por la Asamblea Nacional, que acoge la recomendación de juicio político para su destitución, carece de sustento lógico, probatorio y jurídico.

No obstante, dijo que ha dispuesto "contestar con absoluta transparencia y celeridad todo requerimiento de la Fiscalía para esclarecer cualquier duda", escribió Lasso en su cuenta de Twitter.

La publicación se dio luego de que la Asamblea Nacional aprobase el Informe de una Comisión, que investiga supuestos actos de corrupción que involucran a un círculo cercano a Lasso, y que recomendó el enjuiciamiento político de censura al mandatario.

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Esa misma comisión fue cuestionada porque omitió incluir señalamientos sobre aportes de campaña a su movimiento y vínculos de prófugos de la justicia con sus propios legisladores.

Un total de 104, de los 125 asambleístas presentes en la sesión aprobaron el informe, 18 votaron en contra y tres se abstuvieron en la sesión que tenía como tema exclusivo el debate del informe del caso denominado "Encuentro", también conocido como "El Gran Padrino".

Felices, los legisladores del correísmo, como Pamela Aguirre, celebran la aprobación del infome que recomienda el juicio político a Guillermo Lasso.
Felices, los legisladores del correísmo, como Pamela Aguirre, celebran la aprobación del infome que recomienda el juicio político a Guillermo Lasso.

La votación abrió paso para que un legislador presente la solicitud del juicio político de manera formal, para lo que requiere el respaldo de, al menos, 46 legisladores.

El Gobierno rechaza informe aprobado en la Asamblea con el que se pretende destituir a Lasso

Lasso adjuntó a su mensaje en Twitter una carta dirigida a la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

En ella señala que, una vez que la Asamblea aprobó el informe, recomendando su enjuiciamiento político por una supuesta "comisión por omisión" de "delitos políticos" de 'cohecho, peculado y concusión' y que, entre las recomendaciones consta remitir el mismo a la Fiscalía, le solicita "que desarrolle las investigaciones pertinentes, con toda la rigurosidad que la gravedad de estas falsedades amerita".

Juan Flores, coordinador de la bancada oficialista de CREO, dijo durante la sesión del sábado que el informe contra Lasso se basa en mentiras.
Juan Flores, coordinador de la bancada oficialista de CREO, dijo durante la sesión del sábado que el informe contra Lasso se basa en mentiras.

Lasso consideró que la acusación de la Asamblea "se enfrenta a la imposibilidad lógica de probar un hecho falso, y a la imposibilidad jurídica de probar la autoría por omisión en delitos en los que tal figura no aplica".

Sin embargo, "más allá de lo insustancial e infundado de aquel documento, que contiene elucubraciones inconexas sobre supuestos actos de corrupción en los que maliciosamente se pretende inmiscuirme, he dispuesto que toda la Función Ejecutiva conteste, con celeridad, todo pedido de información que usted requiera", dice Lasso en su carta a la Fiscal.

QUE INVESTIGUEN A DANILO CARRERA

El Presidente no excluye que en torno a la investigación que a esos efectos la Fiscalía decidiese abrir, se indague también de forma principal, pero no exclusivamente, cualquier actividad que hubiera podido desarrollar su cuñado, Danilo Carrera.

El pasado miércoles, con seis votos a favor de la moción y uno en contra, la Comisión recomendó que el pleno de la Asamblea Nacional interpele a Lasso por los supuestos actos de corrupción investigados.

Estos actos giran en torno a una presunta trama de corrupción en empresas públicas donde aparecen los empresarios Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, y Rubén Cherres, que también fue objeto de una investigación policial por su supuesta relación con una red de narcotráfico, que fue archivada y que será reabierta.

La resolución se amparó en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, sobre la posibilidad de un juicio político al Presidente por delitos "contra la seguridad del Estado" o por "concusión, cohecho, peculado (malversación) o enriquecimiento ilícito".

Ese artículo también establece que "para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo".

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