La selección del Contralor difícilmente se podría frenar por un cambio en el Cpccs

El proceso de selección del Contralor General del Estado ha ido de tropiezo en tropiezo por decisiones judiciales, acusaciones de poca transparencia y cambios en el reglamento. Finalmente, tras dos años, el concurso llega a la etapa final, a la par que la actuación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) es evaluada por la Corte Constitucional (CC) y queda en manos de los magistrados la posible destitución de los vocales.

La designación de la máxima autoridad de la Contraloría se destrabó luego de que el juez de Bucay revocó la medida cautelar que disponía la pausa del concurso.

La comisión ciudadana, a cargo de ese proceso, sesionó este 26 de septiembre de 2023 y estableció como fecha para el examen de oposición el próximo sábado 30, a las 10:00, en medio de críticas de algunos comisionados de que se quiere apresurar el trámite, incluso fijando una fecha por fuera de días hábiles.

De esa manera, los 103 aspirantes rendirán una prueba con duración de dos horas, evaluada sobre 50, en la que se medirá los conocimientos teóricos alrededor de las funciones que ejercerían en caso de resultar electos.

Esas preguntas son elaboradas por catedráticos de las universidades, expertos en: auditoría, derecho, administración y gestión pública, economía y finanzas, ética pública y conocimientos generales.

Luego de que se conozcan los resultados hay una última etapa de recalificación y revisión de méritos, acción afirmativa y oposición. Para presentar esos reclamos, los postulantes tienen tres días. Luego, la comisión tiene tres días más para atender las solicitudes.

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Concluida la fase de impugnación, en un plazo de dos días, la comisión remitirá al pleno del Cpccs el informe que contiene los nombres y apellidos de los candidatos calificados. Los vocales tendrán dos días más para la designación de la autoridad.

Es decir, en aproximadamente dos semanas podría conocerse al próximo Contralor, tal como el mismo presidente del Consejo de Participación, Alembert Vera, había advertido.

La permanencia de los siete consejeros de Participación Ciudadana principales está en manos de los jueces de la Corte Constitucional, quienes deben evaluar si hubo un incumplimiento al dictamen en el que se blindó las actuaciones del Cpccs Transitorio, luego de que Vera impulsó la conformación de una veeduría ciudadana para revisar la designación de los jueces de la CC, aun cuando esa actuación estaba expresamente prohibida.

Los magistrados están en etapa de deliberación, lo que podría tardar hasta 10 días, es decir, que también a finales de la próxima semana se conocería la decisión de la Corte en cuanto a las sanciones a los funcionarios que hayan cometido la falta.

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Los jueces incluso podrían determinar que lo actuado por los consejeros fue tan grave que amerita la destitución. De esa posibilidad se desprenden varios escenarios; por ejemplo, que sea removido solo Vera, los consejeros que estaban de acuerdo con la conformación de la veeduría o todo el Consejo. En cada caso cabe la posibilidad de una reorganización de fuerzas políticas.

En el Consejo de Participación Ciudadana, electo en este 2023, se identificaron las tendencias políticas de sus miembros a los pocos días de posesionarse. Incluso, en la campaña, tres vocales ya se mostraron abiertamente correístas: Vera, Augusto Verduga y Yadira Saltos.

La posición de los otros cuatro miembros se fue descubriendo en las decisiones que tomaba ese cuerpo colegiado. Por ejemplo, Nicole Bonifaz fue designada como vicepresidenta y en varias votaciones coincidió con la 'liga azul', lo mismo ocurrió con Johanna Verdezoto.

Entre los cinco conformaron una mayoría, dejando por fuera a Mishelle Calvache y Andrés Fantoni.

Sin embargo, Bonifaz y Verdezoto dieron un paso al costado cuando el presidente del Cpccs quiso conformar la veeduría.

Para la consejera Calvache esa decisión no se traduce a la conformación de una nueva mayoría, prefiere esperar para ver la actuación de sus compañeras a futuro.

Sin embargo, si Alembert Vera fuera destituido, se posesiona el consejero suplente, Juan Esteban Guarderas, quien se ha mostrado abiertamente opuesto a la línea política que ha impuesto la actual mayoría y pondría en peligro esa actual conformación, cambiando la balanza.

De cualquier manera, los expertos consultados por Ecuavisa.com consideran que el Pleno no tiene facultades para incidir en la actuación de la comisión a cargo de la designación del titular de la Contraloría, por lo que frenar este proceso no estaría dentro de sus posibilidades.

Por otro lado, lo más probable es que sí se alcance a tomar la prueba de oposición. En ese sentido, las calificaciones de los postulantes estarían dadas y se podría considerar una vulneración a sus derechos si se desecha lo avanzado.

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El rol del Contralor es identificar irregularidades en el manejo de fondos públicos y determinar responsabilidades administrativas, civiles o indicios de responsabilidad penal. Por eso el interés de los diferentes sectores por quién ocupe el cargo.